Los derrames de petróleo generados en diversas zonas de la Amazonía, y cuya responsabilidad está en disputa legal con la empresa Chevron, serán intervenidos por el Estado ecuatoriano.

El Gobierno obtuvo autorización de la Justicia para ingresar a las áreas afectadas y remediar los pasivos ambientales existentes.

Así lo dio a conocer el martes 26 de febrero Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, durante el informe de Rendición de Cuentas 2018. “Es un pedido del presidente (Lenín Moreno) que nosotros remediemos eso”, aseguró.

La solicitud para intervenir las zonas fue hecha hace aproximadamente dos semanas por la empresa pública Petroamazonas.

La Procuraduría General del Estado, afirmó Pérez, ya dio su consentimiento “porque todas las pruebas que se han tenido (para el litigio) ya han sido ejecutadas”.

Petroamazonas, a través del proyecto Amazonía Viva, y el Ministerio del Ambiente, se encargarán de la remediación ambiental que se iniciará este mismo año.

Al ser cuestionado sobre si Ecuador solicitará la participación de Chevron, respondió que ese aspecto (legal) “es aparte”.
“No importa a quién le toque, vamos a asumir la remediación, es un pedido del Presidente. Inclusive si nos cuesta a nosotros, lo vamos a hacer. No puede ser que la comunidad siga aguantando eso allá”, enfatizó.

Este Diario solicitó detalles e implicaciones del proceso a la Procuraduría, pero no hubo respuesta. En 2014 la Procuraduría prohibió intervenir en varios puntos de contaminación relacionados con el litigio con Chevron para mantenerlos como evidencia.

De los 3,5 millones de metros cúbicos de pasivos ambientales que se estiman en las provincias de Sucumbíos y Orellana, 2,1 millones no han podido ser intervenidos porque Chevron se deslinda de responsabilidades y Petroamazonas estaba impedida por la Procuraduría.

En la remediación también deberá participar el Ministerio de Vivienda, pues se derribarán casas construidas sobre las áreas contaminadas.

Nueva refinería

Ante el estancamiento del proyecto Refinería de Manabí (antes Refinería del Pacífico), por disputas con la petrolera venezolana PDVSA, el Gobierno dio paso a un nuevo proyecto.

Bajo cuenta y riesgo de inversionistas privados se construirá una planta de refinación con capacidad de procesamiento de 300.000 barriles de crudo diarios.

Sobre la mesa ya hay ofertas de empresas interesadas, principalmente de Europa y Estados Unidos.

Las propuestas van desde la edificación de tres instalaciones (de 100.000 barriles cada una) hasta la repotenciación integral de la Refinería de Esmeraldas, para que produzca combustibles EURO 5, más la creación de una planta adicional.

La ubicación del nuevo proyecto dependerá de la oferta ganadora. Su costo se calcula en $ 6.100 millones y procesará crudos pesados.

Petroecuador llevará a cabo la licitación pública en las próximas semanas, informó Pérez. Mientras tanto, en el terreno donde se pretendió levantar la Refinería del Pacífico, en El Aromo (Manabí), se planea desarrollar un parque solar. (I)