Entre otras propuestas para mejorar el texto, discusiones de ilegalidades y saludos a los trabajadores se desarrolló el viernes 01 de mayo de 2020 la segunda jornada de análisis del informe para primer debate del proyecto de Ley de Apoyo Humanitario en el Pleno de la Asamblea Nacional.

La vulnerabilidad de los trabajadores a perder sus empleos debido al impacto económico que generó la crisis sanitaria fue uno de los temas al que más se refirieron los legisladores.

La asambleísta Marcela Holguín (Revolución Ciudadana) dijo que esta ley debe proteger a los trabajadores y al empleo. Considera que con el artículo 25 de los acuerdos para la preservación de fuentes de trabajo se da paso a más despidos al eliminar la propuesta del Ejecutivo que mientras dure el acuerdo no se puedan realizar desvinculaciones. “En diciembre pasado el desempleo era de 3,8%. Hoy podría llegar al 10%. Cifras alarmantes”, mencionó.

Por otro lado propuso refinanciar los créditos hipotecarios y quirografarios. Dijo que antes de la crisis alrededor de 25.000 afiliados ya tenían saldos sin pagar. La mora patronal en este mes llegó al 7%, aseguró.

Patricio Donoso (CREO) se refirió a la contribución de las empresas. Dijo que estas ahora no tienen dinero y más bien se las debería ayudar para que no despidan a más gente. Para esto cree que es necesario acudir a créditos de los multilaterales porque el país no tiene ahorros. Por otro lado considera que es inconstitucional crear un impuesto al patrimonio pues eso es potestad del Ejecutivo.

El asambleísta por Galápagos, Washington Paredes, propuso que su provincia goce de una amnistía tributaria, que se la exceptúe del pago de las contribuciones previstas en esta ley y que pueda acceder a un crédito internacional directo a bajos intereses, a largo plazo y con dos años de gracia destinado para la reactivación y reconfiguración de los servicios turísticos.

Por otro lado, el legislador Raúl Tello (Movimiento Unidos por Pastaza) se refirió a las contribuciones humanitarias. Dijo que estas se las debería aplicar a quienes perciben remuneraciones anuales sobre los $ 30.000. Dijo además que se deberían eliminar las pensiones vitalicias, porque el país necesita ese dinero y además es un pedido de la ciudadanía.

El asambleísta Sebastián Palacios (SUMA) propuso que se implemente un financiamiento que lo denominó Crédito Respira. Sugirió que los recursos deben estar enfocados para las empresas golpeadas por la emergencia, como tiendas, restaurantes o cualquier emprendimiento.

“Respira apunta a que los bancos otorguen créditos con tasas de máximo el 5% con un año de gracia y a 36 meses plazo. Se plantea que el garante sea el Gobierno”, detalló Palacios.

DATOS

387.000 ecuatorianos perdieron su trabajo durante la emergencia sanitaria y 25.550 empresas se acogieron a la suspensión laboral, según Marcela Holguín.

El 37% de los hogares tienen acceso a internet, según Sebastián Palacios. Dijo que tres millones de estudiantes no pudieron estudiar virtualmente en la emergencia.

El 85% de la mano de obra de Galápagos depende directamente del turismo, incluidas actividades artesanales y de construcción. El 15% son funcionarios públicos, dijo Washington Paredes. (I)