Una de las líneas de acción que el presidente reelecto Rafael Correa utilizará en su período 2013-2017 tendrá como base mantener los resultados obtenidos en temas de reducción de la brecha de ingresos entre los segmentos más ricos y más pobres de la población. Por lo que ha contemplado una democratización de los medios de producción, para que en el acceso a estos no haya las mismas limitaciones que en el pasado.

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La propuesta incluye una distribución equitativa del capital, las tierras, el crédito, la tecnología, el conocimiento, el recurso hídrico, etc., en beneficio del sector productivo. “Esto permitirá posibilitar una mejor gestión en los procesos de producción para que los actores del sector puedan involucrarse con los circuitos mercantiles de la reproducción económica”, señala el plan de Gobierno de Alianza PAIS.

El objetivo que persigue es la creación de una sociedad económicamente más equitativa, por lo que se han logrado avances. Según estadísticas proporcionadas por el Ministerio Coordinador de la Política Económica (MCPE), la sociedad ecuatoriana es más justa que en años anteriores.

Aquello se mide por medio del Coeficiente de Gini, que en Ecuador hasta diciembre de 2012 se ubicó en 0,48 puntos, pues experimentó un decrecimiento de 0,06 puntos desde el mismo mes de 2006, cuando se situó en 0,54. Este indicador mientras más se acerca a 1 (uno) significa que el grado de inequidad es mayor en una sociedad.

Por otra parte, la brecha entre el 10% más rico y el más pobre de la población ha experimentado también una reducción, pues en 2006 los más pudientes ganaban 36,4 veces que quienes menos dinero percibían anualmente, pero al cerrar 2012 la cifra bajó a 25,1%.

Además, hay menos personas en los grupos de bajos recursos económicos, ya que, según el Instituto Nacional de Estadística  y Censos (INEC), hasta diciembre el indicador se ubicó en 27,3%, 10,3 puntos menos que el 37,6% de 2006.

En este contexto se aumentarán los plazos para colocar crédito y se desarrollarán mecanismos de financiamiento para la inversión productiva y tecnológica, por lo que se utilizará a la banca como canalizador de los recursos necesarios. “Eso es resultado de las políticas públicas aplicadas en los últimos seis años, pues se han orientado recursos en beneficio social, y el fruto es una sociedad económicamente más justa”, indicó Marcos Posso, profesor universitario.

El catedrático explicó que la propuesta está específicamente orientada al cambio de la matriz productiva y a fortalecer las unidades medianas y pequeñas, especialmente en los sectores artesanales, agropecuarios y micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

“Aquellas unidades podrán acceder a créditos más fácilmente, pero también influye allí lo que el Gobierno define como la Revolución Agraria, pues igualmente habrá facilidades para llegar a tierras fértiles, agua y transferencia tecnológica”, aseguró Posso.