La Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (INTA por sus siglas en inglés) resolvió favorablemente sobre la adhesión del Ecuador al acuerdo multipartes Unión Europea-Colombia-Perú, según un comunicado del Ministerio de Comercio Exterior.

La resolución fue aprobada el pasado 22 de septiembre en Bruselas, y contó con 31 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones.

En el texto se explica que la resolución del INTA corresponde a una primera etapa legislativa en la que se reconoce los beneficios comerciales, sociales y de inversión para las partes.

El documento de la resolución será elevado a conocimiento del pleno del Parlamento Europeo, instancia que en su momento deberá también ratificar el protocolo de adhesión de Ecuador al acuerdo comercial.

La comisión, además, "reconoce que el crecimiento económico de Ecuador ha tenido un carácter inclusivo, ha reducido directamente los niveles de pobreza y desigualdad y ha ampliado la clase media; celebra que, de acuerdo con las últimas cifras del Banco Mundial, entre 2006 y 2014 la pobreza en Ecuador se haya reducido del 37,6% al 22,5%, al tiempo que la pobreza extrema se reducía del 16,9% al 7,7%".

Así también destaca "que el Gobierno de Ecuador ha invertido $ 40.800 millones en el sector social durante los últimos 8 años —en el acceso a la educación, la sanidad y la seguridad social— con programas específicos en favor de los grupos más vulnerables como los niños, los ancianos y los discapacitados".

La negociación entre Ecuador y la Unión Europea, para sumarse al acuerdo, terminó en diciembre de 2014, y el proceso se encuentra en diversas instancias de aprobación en la Unión Europea.

La resolución del INTA consigna los beneficios comerciales que el acuerdo significará para Ecuador y señala los importantes logros que el Gobierno ecuatoriano ha alcanzado en desarrollo social, reducción de la pobreza, inversión educativa, seguridad social y salud, entre otros. Menciona igualmente los avances en infraestructura y el mejoramiento de condiciones para el trabajo de los sectores productivos orientados a las exportaciones. 

En el proyecto de resolución, entregado luego de la declaración hecha por la Comisión, se incluyen varias consideraciones a Ecuador como:

1.-  Instar al Gobierno de Ecuador a que tome nota de los planes de acción presentados por Colombia y Perú y a que adopte medidas similares, ya que ofrecen la oportunidad de mejorar las condiciones generales de vida de sus ciudadanos, en particular en materia de derechos humanos y laborales y de medioambiente.

2.- Invocar a las partes a que apliquen el acuerdo de libre comercio con Ecuador con el fin de contribuir a reforzar el modelo de desarrollo social del país y a garantizar las respectivas estructuras de salvaguardia necesarias.

3.- Pide al Gobierno ecuatoriano que establezca cuanto antes el marco jurídico de los mecanismos nacionales y de diálogo con la sociedad civil, en caso de que estos no existan, incluyendo una información y una campaña publicitaria importantes con el fin de alcanzar la máxima participación de los grupos o personas interesados en el marco de control del mecanismo de la sociedad civil.

4.- Propone un plazo de 6 meses, a partir de la entrada en vigor del Acuerdo Comercial, para establecer estos procedimientos, en lugar del plazo de un año fijado antes.

En el documento sobre la adhesión de Ecuador, el Comité también expresa “su preocupación por el hecho de que la estrategia minera del Gobierno ecuatoriano incluya proyectos que podrían afectar a las comunidades indígenas”.

Mientras que en un segundo documento sobre enmiendas al proyecto de resolución se “hace hincapié en la importancia de que Ecuador vele por que sus políticas concuerden con sus compromisos con la OMC y el Acuerdo Comercial”.

Además, en la enmienda 18, proyecto de propuesta apartado 4, se insta al Gobierno de Ecuador “a que tome nota de los planes de acción presentados por Colombia y Perú, y que adopte medidas similares, ya que ofrecen oportunidad de mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos en materia de derechos humanos y laborables, entre ellos la libertad de expresión, de prensa y la independencia judicial”. (I)

Lea la versión resumida de la resolución