La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera  expidió la norma para la aplicación del artículo 12 de la Ley de Apoyo Humanitario para que las entidades financieras del sector popular y solidario analicen individualmente la capacidad de pago de los deudores afectados por la emergencia sanitaria, y les ofrezcan opciones para reprogramar sus obligaciones.

La superintendenta de la Economía Popular y Solidaria (EPS), Margarita Hernández, explica el alcance de la normativa y el impacto de la pandemia en este sector.

¿Cuál es el tamaño del sector financiero popular y solidario y cómo ha impactado el covid-19?

Estamos hablando de 534 organizaciones: cuatro son mutualistas para vivienda y 530 son cooperativas de ahorro y crédito. Reúnen un total de 8 millones de certificados de aportación, y si hablamos de personas, suman más de 5,3 millones vinculadas al sector.

La crisis ha golpeado principalmente a las mujeres y jóvenes (población hasta 30 años de edad). En el caso de las mujeres, son 2,4 millones relacionadas al sector y eso significa el 28% de las mujeres del país. Mientras que hay más de un millón de jóvenes, o el 21,7% de la población joven, vinculado al sector.

La cartera de crédito con corte a junio es de casi $ 12.000 millones y con la aplicación del diferimiento extraordinario de operaciones crediticias dispuesto por la Junta, se difirieron más de $ 6.100 millones, es decir, el 51% de la cartera.

¿Qué sectores productivos son los más afectados?

El 64% de las operaciones y 77% del saldo diferido se aplicaron en las provincias más afectadas por la pandemia. Las deudas bordeaban un promedio de $ 8.000. Con esto vemos la intención de concentrar el esfuerzo en la población más afectada. El 36% corresponde a microcrédito; 49% a consumo; 13% en vivienda; y 2% en otro tipo de crédito. Las actividades más afectadas son turismo, agricultura y transporte.

¿Cómo se aplicará la nueva norma para el diferimiento?

Lo que hizo la Junta (al inicio de la emergencia) fue una medida emergente que congeló las cuotas de los créditos hasta entender qué pasaría con la economía. Ahora viene esta segunda etapa de reprogramación. Esto significa volver a pactar las condiciones para mantener un cumplimiento viable de la operación de crédito. Hay que tener claro algo: las expectativas de los deudores son unas, pero la realidad de la norma es otra. Nos encontramos con pedidos, en las redes sociales sobre todo, relacionados a plazos de gracia de más de un año, no cobro de intereses o incluso de no cobrar la deuda. Sin embargo, la norma es muy clara en cuanto a entender el sistema financiero y, por lo tanto, crea un marco jurídico que permita, por medio de acuerdo entre las partes, hacer un ajuste a las operaciones en función de la reactivación económica y del sistema financiero.

¿Qué opciones tendrán los deudores?

Las organizaciones pueden pedir información a los deudores para entender no solo su situación sino su proyección real del cumplimiento de la operación crediticia.

La figura de la reprogramación deja abiertas las posibilidades de reestructuración, refinanciamiento e incluso revisión de los períodos de gracia, pero siempre entendiendo la lógica del tipo de operación.

¿Se analizará caso por caso?

La norma lo pide así porque aunque hubo impactos muy importantes en algunos sectores, existen otros no muy golpeados. La norma deja claro que en este acuerdo se pueden aplicar todas las figuras y que no se trata de una nueva operación de crédito. Esto significa que está exenta de costos operativos o tasas. Si en el tiempo determinado no se cumple la operación, quedan expeditas otras figuras.

¿Habrá preferencia para jóvenes y mujeres?

Ese es un trabajo que las organizaciones ya lo venían haciendo y ahora queremos que se enfoque más.

El 45% de la población en edad de trabajar de Ecuador tiene un tipo de cuenta de depósito regulada en el sector financiero de la EPS y el 12% tiene una cuenta de crédito. El 85% de la población vive en parroquias con un punto de acceso a una entidad de la EPS y estas tienen la mayoría de sus puntos de atención con mayor pobreza y ruralidad. Este entorno permite ver la importancia del sector.

¿Cuál es su recomendación para que los socios se beneficien?

El primer contacto podría ser por iniciativa del socio o de la organización. La operación no se puede reprogramar sola, tiene que ser un acuerdo entre las partes. Rige durante el tiempo que dure el estado de excepción y hasta 60 días después. Es un plazo amplio, pero el proceso lleva tiempo, entonces no hay que dejar para el último.

¿Cómo afectará el diferimiento a la entrega futura de créditos?

En un escenario catastrófico combinado con otros momentos graves que ha pasado el sector, vemos una ventana de recuperación de entre un año y un año y medio para que los depósitos, la morosidad y colocación de crédito vuelvan a los niveles de antes de la pandemia. Sin embargo, ya vemos que los niveles de depósitos se acercan a los de principios de año y los créditos empiezan a reactivarse.

¿Las cooperativas analizan traer fondos internacionales?

Tenemos varios retos para el sector para tratar de minimizar los impactos y dentro de esto se buscan recursos más baratos para dar créditos. Dentro de la mitigación del covid hemos establecido tres fases. La primera es la mantención del sector que se ejecutó entre marzo y junio. Ahora estamos en la fase de transición de julio a diciembre. Y luego tenemos la fase de recuperación desde enero hasta diciembre de 2021. En estas tres etapas se han considerado líneas de contingencia y estamos trabajando muy fuerte para que las organizaciones tengan información acerca de las posibilidades de obtener financiamiento internacional. (I)