La construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) se aprobó en febrero de 2001, durante el Gobierno de Gustavo Noboa, con la expectativa de transportar 310.000 barriles diarios con un costo de $594 millones y aliviar al Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), inaugurado en 1972.

Finalmente, la obra costó 1.474 millones de dólares y fue financiada por las compañías petroleras privadas: Andes Petroleum, Repsol YPF, Perenco, Petrobras y Occidental como socias de la corporación OCP Ecuador, filial de la empresa OCP Ltda., con domicilio en las Islas Caimán, un paraíso fiscal.

Esa composición accionaria también fue revisada por el Servicio de Rentas Internas (SRI) cuando detectó que la compañía incumplió con el pago del Impuesto a la Renta (IR) desde el 2003 hasta el 2009, monto  que en la actualidad ascendería a 252,3 millones de dólares, incluidos los intereses.

Ya en 2009 el presidente Rafael Correa dijo  que el OCP se financió con créditos entregados por las propias socias de la obra, con tasas de interés del 18 al 21%, cuando en el mercado están entre 4 y 6%, tasas que  reducen la utilidad de las firmas y, a su vez, el impuesto al Fisco.

El jueves pasado el organismo tributario denunció que la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia emitió un fallo favorable para la empresa privada en uno de los siete procesos planteados en su contra por el no pago del impuesto.

Ese primer fallo se refiere a la demanda contra OCP Ecuador por los 17,5 millones de dólares que debía pagar en 2003. Al SRI le preocupa la resolución porque podría sentar precedente para los futuros fallos y, de ser así, se perjudicaría al Estado en 252 millones de dólares.

También se habla de la subutilización de la infraestructura porque estaría operando al 31% de su capacidad. Sin embargo, según consta en su página web, recientemente suscribieron 10 contratos para el transporte de crudo proveniente de Colombia.