Los precios referenciales para el cálculo de la base imponible del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) de perfumes y aguas de tocador, así como el valor de conversión para botellas plásticas no retornables, recuperadas o recolectadas, no fueron modificados por la Ley de Incentivos a la Producción y Prevención de Fraude Fiscal.

Lo que el marco legal incrementó fue la tarifa por litro de alcohol puro para el cálculo del impuesto a las bebidas alcohólicas, incluida la cerveza que pasó de $ 6,93 a $ 7,10 este 1 de enero.

Esta última decisión fue tomada por un tema inflacionario, señaló Leo Orlando, subdirector de recaudación del SRI. “No se ha creado ningún impuesto nuevo, la recientemente aprobada ley introduce varios incentivos a la producción e incorpora medidas para prevenir el fraude”, señaló.

En el caso particular de los perfumes, en 2013 el entonces titular de Rentas Internas, Carlos Marx Carrasco, dijo que la base imponible no se incrementaría durante 6 años para que no afecte a las personas que se dedican a la venta directa de estos productos.

La representante de Procosméticos, María Fernanda León, confirmó que el sector mantiene la misma fórmula de años anteriores, pero que la emisión de las resoluciones de parte del organismo de control tributario causó confusión por considerarse que se habían elevado los impuestos sobre estos artículos.

Ahora, para el cálculo del ICE a las bebidas alcohólicas, se cambió la base exenta sobre el precio ad valórem, que pasó de $ 4,10 a $ 4,20 para las bebidas, tanto de la producción nacional como la importada.

El subdirector de recaudaciones aclaró que no se prevé un incremento recaudatorio asociado, ya que si bien existe un aumento de la tarifa del 2,4%, un número menor de productos pagará la tarifa ad valórem, puesto que el valor exento de ICE también se incrementó un 2,4%, sin considerar el efecto que el incremento de precios puede tener en los niveles de consumo.

El cálculo de la tarifa a cancelar por las bebidas extranjeras considera los gastos ex aduana (costos de producción o importación) y  los nacionales los gastos ex fábrica, dentro de los techos antes mencionados.

Posición de la industria

Sebastián Toral, expresidente de la Asociación de Industriales Licoreros del Ecuador (AILE),  considera que la fórmula implementada, a través de la Ley de Incentivos Tributarios, no es la más idónea, pues observa valores que están sujetos a variación continua.

Por ejemplo, para los licores importados se calcula una serie de montos como el precio CIF, que incluye el costo del vendedor, la movilización, gastos arancelarios y, en general, y la infraestructura de la importación.

Para los productos locales se toman en cuenta los costos, los impuestos, incluso salarios de los empleados. “Esto es demasiado complicado de calcular y qué tiene que ver el sueldo de la secretaria con los costos de los licores”, se preguntó Toral.

Para Orlando, el hecho de que antes las bebidas importadas no pagaban ICE sobre el valor de gastos administrativos, ni sobre utilidad, generaba distorsión en el mercado.

El experto licorero aseguró que la implementación de esta medida tributaria restará competitividad tanto a productores como a importadores, aunque hasta el momento no aseguró que se hayan incrementado los precios. Lamentablemente, agregó, debido a que se trata de una reforma legal, “para tener una fórmula justa se tendría que esperar la siguiente reforma tributaria”.

El mercado de licores nacionales está dominado por la caña manabita y el ron, no obstante, según Toral, se embotellan también productos de franquicias como Ron Aruba.  En el caso de los whiskys, el mercado está reservado para las bebidas importadas. En 2013, el Impuesto a los Consumos Especiales generó la recaudación de más de $ 743 millones. Solo las bebidas alcohólicas captaron más de $ 42 millones, según cifras del SRI.

La Ley de Incentivos fue aprobada antes de fin de año por la Asamblea, como una iniciativa con carácter de urgente en materia económica. Uno de los factores que se ha considerado es que a partir de 2016 entrará en vigencia el acuerdo comercial firmado con la Unión Europea (UE), lo que implica la reducción sustancial de aranceles y, por ende, de precios e impuestos.