Angie Hidalgo, recepcionista y vendedora de una distribuidora Claro en el centro de Guayaquil, atendió hasta marzo de este año 2 casos de clientes que llegaron con un celular para que fuera activado, pero no pudieron porque estaba reportado.

Admite que han sido pocos, pero que se debe a que una gran cantidad de usuarios, al ser víctima de robo, prefería recuperar su chip y adquirir otro equipo, antes que reportarlo, pues se asume que sería vendido y activado en un mercado ilegal, de modo que el trámite no generaría beneficio.

Esta percepción no era lejana a la realidad. Sin embargo, el intendente de Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo, informó que desde que se implementó el sistema de registro de celulares (12 de marzo), hasta el momento 400.000 equipos han sido rechazados definitivamente, porque son robados o adulterados y por lo tanto no podrán ser activados en el país.

De la cantidad de celulares bloqueados, 240.000 fueron robados en Colombia y el resto en Ecuador.

Este sistema, que en primera instancia busca regular la circulación de estos teléfonos en el país y evitar el hurto, arroja los primeros resultados. Las irregularidades halladas son variadas, desde alteraciones en el modelo, marca, incluso en el año de fabricación.

“Hay equipos que aparecen como fabricados en 1992, 1995 o 1998 y es difícil creer que se importen 200, 300 o 500 de estos artefactos, salvo que sean para un museo o para alguien que quiera conservarlos como reliquia”, dijo Jaramillo.

También hay casos en que el código IMEI (Identidad Internacional de Equipo Móvil, por sus siglas en inglés), que es como la cédula de identidad del teléfono, se repite hasta 1.000 veces. A criterio del funcionario, estos resultados demuestran que hay personas dedicadas a adulterar los dispositivos, pues antes “era sencillo habilitarlos y ponerlos en funcionamiento a través de las operadoras”.

Aunque no precisó el número de quejas, Francis Jiménez, propietario de una distribuidora Movistar en Ambato (Tungurahua), dijo que desde marzo es frecuente que lleguen a su establecimiento clientes que pierden la señal de sus equipos y que al ingresar el chip aparecen como robados.

Señaló que otras personas llegan solo con la intención de comprar chips para instalarlos en sus equipos, pero les advierte que si son de origen fraudulento serán bloqueados eventualmente.

Lo mismo ocurre con los celulares que ingresan legalmente desde el exterior y que sus dueños ponen a funcionar adquiriendo un chip. “El aparato opera pero solo por unas horas hasta que el sistema lo detecte y entonces le llegará al usuario un mensaje pidiendo que lo legalice”, indicó Jaramillo. Para hacerlo, el dueño deberá presentar en la operadora la factura de compra o un formulario aduanero que demuestre el origen lícito del bien.

Además, el intendente destacó la importancia de reportar el robo de los equipos, “pues ya no se requiere un papel membretado para hacerlo”, sino comunicarse con la prestadora del servicio.

Actualmente en solo 25 minutos se puede bloquear el equipo luego de que se notifica su pérdida. Incluso, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel) trabaja para reducir los tiempos y evitar que su comercialización perjudique a otras personas.

Según los datos del organismo, el total de dispositivos que no ha pasado la primera prueba sobrepasa el millón, de los cuales 628.000 son equipos ensamblados localmente que no han pasado el proceso de homologación para garantizar que cumplen los estándares de calidad exigidos.

En Ecuador funcionan 33 importadoras de teléfonos celulares.