Desde las 07:00 Richard Suárez llega todos los días al puente de la avenida Orellana en la intersección con la Benjamín Carrión, en Guayaquil. Aquí espera a los clientes que requieran sus servicios profesionales de construcción.

A las 09:00 una dama lo contacta para realizar el cambio de una ducha; por este servicio generalmente cobra $ 10, pero tuvo que hacerlo por $ 5. “La mano de obra está barata y eso nos obliga a bajar los precios”.

En este lugar, más de 30 personas, entre albañiles, carpinteros, electricistas, gasfiteros y plomeros, esperan alcanzar un “chance”, para trabajar y generar unos cuantos dólares. En promedio, el maestro albañil cobra $ 25 por sus servicios.

Antonio Dred es uno de los de mayor edad; tiene 61 años y cuatro hijos a quienes mantener. Cuenta que la situación laboral está difícil desde hace tres años. “Hace pocos días comenzó una obra en este sector, pero su propietario no contrató a ninguno de nosotros, pues trajo a su personal desde Quito”, comentó Dred.

En este puente también se hallan obreros multifunción, como Darwin Argandoña, de 44 años, que ofrece varios servicios, como gasfitería, albañilería, electricidad, entre otros. Cuenta que este lugar antes era considerado como una mina de oro. “Había mucho trabajo, nos dábamos el lujo de rechazar trabajos; ahora nosotros somos los rechazados (sonríe)”.

“Los fines de semana eran días buenos, las personas aprovechaban para hacer arreglos en sus hogares, pero ahora no se ve nada”.

Jefferson Torres, de 34 años, trabajó hace tres años por última vez en una construcción grande en una escuela del milenio en Daule. Desde entonces no ha podido mantener una estabilidad laboral. “A veces trabajo dos o tres días, en ocasiones una semana y se descansa la siguiente”.

Torres cree que otro factor que incide en la falta de empleo en este sector es el aumento de los extranjeros. “Hay mano de obra barata, el constructor prefiere contratar a un venezolano al que le paga la mitad de lo que gana el ecuatoriano”.

Los servicios tienen sus tarifas; por ejemplo: una reconexión de medidor de energía eléctrica cuesta $ 15; la reconexión de un medidor de agua, $ 10; un punto para un acondicionador de aire de 220 voltios, $ 30; un cambio de herrajes de inodoro, $ 15.

Suárez asegura que, además de ser “maestros”, también deben actuar como psicólogos y analizar si el cliente puede o no pagar, pero tratan de no dejarlo ir y realizar el trabajo solicitado.

Mayor inversión

Luis Valero, constructor y empresario inmobiliario, opina que la clase media es la más afectada; no hay capacidad de pago y hay menos compra de vivienda. “El inversionista no invierte en los proyectos inmobiliarios porque no los vende. Hay una recesión en ventas”.

Valero considera que esto es un ciclo y dependerá de las decisiones que tome el Estado. “Antes había proyectos de 400 casas, ahora solo de 20, es muy poca la inversión”.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en marzo de 2019 se registraron 32.858 plazas de empleo adecuado menos que en marzo de 2018, mientras que el subempleo y las otras formas de empleo inadecuado aumentan.

El presidente de la Cámara de Industrias de la Construcción de Quito, Silverio Durán, considera que uno de los factores que afectan al sector es la falta de liquidez y la falta de inversiones públicas, como infraestructura vial y equipamientos urbanos.

La eliminación de puestos públicos ha incidido en las ventas. Además, quienes aún mantienen sus empleos no tienen la certeza de continuar en ellos, por lo que prefieren no endeudarse.

La demanda está muy alejada. En Quito hay 20.000 unidades de vivienda en oferta, pero no responden las ventas.

Durán considera que el Gobierno debe acceder a fondos no reembolsables que permitan realizar obras, como la construcción de viviendas del programa Casa para Todos, que, a su criterio, todavía no da las respuestas esperadas, y acelerar las reformas laborales para dinamizar el sector. (I)