Representantes del sector licorero preparan una propuesta para enviarla al Ejecutivo. En aquella expondrán sus preocupaciones sobre la reforma tributaria que se remitirá a la Asamblea en los próximos días, con carácter de económico urgente.

Así lo expuso Felipe Cordovez, presidente de la Asociación de Importadores de Licores, quien tras una reunión con distribuidores y propietarios de licorerías, manifestó que el sector atraviesa por una difícil situación y que un nuevo incremento de tributos podría tornar más complejo el negocio.

Entre las posibles consecuencias de la reforma, Cordovez indicó el incremento del contrabando, la reducción del consumo y aumento de la informalidad. “Vamos a pedir que se elimine el incremento”, aseguró, al tiempo de mencionar que en el último año el volumen de importación de licores disminuyó de 600.000 cajas a menos de 300.000. Agregó que los primeros afectados serían los pequeños negocios.

Lo propio opinó Edy Castillo, presidente de la Asociación de Distribuidores de Licores, quien sostuvo que se encuentran en “crisis”, porque en los últimos tres años decrecieron “un 60%”.

De su lado, Hitler Chávez, dirigente de la Asociación de Licorerías, añadió que se incluirá el pedido de extensión de los horarios de atención de las licorerías, hasta la 01:00, diariamente.

Actualmente, estos negocios pueden funcionar de lunes a sábado desde las 12:00 hasta las 22:00. Los domingos, los únicos que serán autorizados para vender licor son los restaurantes, cafeterías, locales de comida rápida y establecimientos de alojamiento, hasta las 22:00. También pueden hacerlo las salas de banquetes, marinas y muelles, entre las 10:0 y las 16:00.  

Según Chávez, en Quito funcionan alrededor de 1.300 licorerías. El pedido, además, exigiría mayor rigurosidad en la emisión de permisos de funcionamiento. Se buscaría así que la comercialización de bebidas alcohólicas sea exclusivamente en licorerías, dejando de lado las tiendas o centros de abarrotes.

Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos Urbanos y Rurales (Enighur) 2011-2012, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) a 40.935 viviendas, el 24,4% del gasto mensual de los hogares es destinado a la adquisición de alimentos y bebidas no alcohólicas; mientras que un 0,70% es por consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes.

El proyecto de ley que prepara el Ejecutivo comprendería, además, el incremento de tributos a los cigarrillos y bebidas azucaradas. Sin embargo, el pasado lunes, el secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, mencionó que se evalúa si se gravaría impuesto a todas las bebidas con azúcar o solo a determinados productos.

Al igual que los licoreros, los representantes de la industria de bebidas y alimentos mantienen reuniones; sin embargo, prefirieron no pronunciarse hasta que se conozca el texto oficial.

Se han suprimido más tributos

Ayer, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, indicó que la normativa de reformas tributarias sería procesada por la Comisión de Régimen Económico con carácter de urgente, lo cual implica que el Legislativo tiene 30 días para dar trámite.

Con respecto a la postura de Cordovez y otros empresarios, Rivadeneira respondió que los productos mencionados afectan directamente a la salud humana y que luego las enfermedades son atendidas por el Sistema Público de Salud.

“Sería bueno, también, poner en el debate: cuánto del consumo de estos productos ayuda o no al desarrollo integral de los seres humanos (...) y cuánto de esos impuestos cubren la tasa real del Ministerio de Salud cuando atiende estas enfermedades”, señaló, al tiempo de recordar que los ciudadanos son libres de consumir estos productos.

Por otra parte, la presidenta de la Asamblea desmintió los comentarios de que, durante los 9 años del actual Gobierno, se incrementó el número de tributos. En ese período, subrayó, se eliminaron 11 impuestos y se modificaron o generaron 7.

El asambleísta Fausto Cayambe (AP) dijo que se debe buscar un equilibrio para evitar que las reformas tributarias afecten el empleo, como advierten los industriales involucrados.

También Cayambe coincidió en la petición de reforzar los controles para, entre otros objetivos de política pública, combatir el contrabando de licor y la comercialización de bebidas adulteradas. (I)