La Asamblea Nacional aprobó la denuncia de inconstitucionalidad de 12 tratados bilaterales de inversión (TBI) en razón de que su contenido viola la soberanía ecuatoriana, de acuerdo al artículo 422 de la Constitución de la República. El pronunciamiento del Legislativo está amparado en la sentencia de la Corte Constitucional (CC).   

Por contratos de este tipo las empresas transnacionales pueden demandar al Estado en tribunales internacionales, como ocurrió con la Oxy y Chevron.

La Constitución vigente prohíbe la celebración de tratados que obliguen a Ecuador a someterse a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de comercio, pasando por alto la legislación interna del país y cediendo su jurisdicción soberana.

La asambleísta María Augusta Calle, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, explicó que la demanda se sustenta en tres ejes: dictámenes de inconstitucionalidad emitidos por la CC; convención de Viena sobre derechos de tratados, que faculta a los Estados a denunciar acuerdos cuando las circunstancias del país hayan variado respecto del momento en que se suscribieron; y, el hecho de que en Ecuador existe un nuevo orden constitucional desde 2008.

Desde 1965 el país ha suscrito 30 tratados, de los cuales 27 fueron ratificados y 23 están vigentes. El 6 de enero de 2010, el presidente de la República, Rafael Correa, solicitó a la Corte Constitucional que revise los acuerdos que van en contra de los preceptos constitucionales.

Los 12 tratados demandados son con China, Chile, Venezuela, Países Bajos, Suiza, Canadá, Argentina, Estados Unidos, España, Perú, Bolivia e Italia. Todos tienen sentencia de la Corte Constitucional, que determinó que son inconstitucionales.

Luego del fallo de la Asamblea, el proceso de denuncia finaliza con la aprobación del Presidente de la República, quien emitirá un decreto ejecutivo para su publicación en el Registro Oficial. Finalmente viene el canje de notas reversales con cada uno de los países mencionados.

Calle aclaró que si bien la denuncia conlleva una renegociación de los contratos en apego a las normas constitucionales vigentes en la actualidad, eso no significa que su vigencia termina inmediatamente.

Explicó que existen cláusulas de supervivencia, las cuales establecen períodos de entre 5 a 20 años para que los tratados terminen por completo. Calle señaló que hasta abril de 2017 Ecuador ha sido demandado en 26 ocasiones por supuestas violaciones a los TBI.

Según datos de la Procuraduría General del Estado, los laudos contra el Ecuador suman $ 1.828 millones. La cuantía demandada (por arbitrajes activos y terminados) es de $ 12.000 millones.

Entre 2003 y 2013 el país desembolsó $ 155 millones por pago a bufetes de abogados y otros gastos de arbitraje. El 50% de empresas demandantes operan en la explotación del petróleo, 12% en suministro de electricidad y 12% en explotación minera. Algunas de las empresas que demandan son Chevron, Perenco, Encana, Burlington y Oxy.

De 2000 a 2013, subrayó Calle, la inversión extranjera directa correspondía al 1,11% del Producto Interno Bruto. Pese a que Ecuador es uno de los países que más TBI ha suscrito en la región, ha recibido solo el 0,79% de la inversión extranjera directa que llega a América Latina y el Caribe.

“En Ecuador no se ha encontrado una relación directa entre los países con los que se tiene TBI y su participación en la inversión extranjera  que llega”, aseveró Calle.

Hasta mayo de 2015, los pagos  afectaron programas sociales, de salud y educativos. Con el monto demandado se habrían construido 110 escuelas del milenio. (I)