Tanto el Gobierno ecuatoriano, la empresa canadiense INV Metals y la población de Azuay se encuentra a la expectativa de un pronunciamiento de la Corte Constitucional, respecto a la consulta popular en Quimsacocha, que definirá el futuro de la producción de Loma Larga.

Se trata de un proyecto de oro, plata y cobre. Actualmente está en una fase de exploración avanzada y de evaluación económica.

En enero finalizó el estudio de factibilidad del proyecto. Sin embargo, en 2017 ya se establecieron los flujos de dinero y los beneficios para el Estado y la compañía.

Jorge Barreno, gerente general de la empresa, aseguró que se calcula aproximadamente el pago de $ 554 millones al fisco, durante la vida útil de la mina, estimada en 12 años (ver infografía).

Sin embargo, esos recursos podrían verse afectados si la población de Girón vota en contra de la realización de este proyecto en la consulta popular que fue convocada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el 24 de marzo.

Parcialmente estaba suspendida por decisión judicial, debido a que un juez de primera instancia resolvió frenar la consulta, tras el pedido de amparo constitucional del colectivo “Unidos por el desarrollo de los cantones Girón y San Fernando”, quienes respaldan la realización del proyecto Loma Larga.

Al respecto, Juan Francisco Guerrero, abogado de la empresa en el ámbito constitucional, considera que, de haber una consulta popular, debe ser a nivel nacional.

En el caso de ser local, se debe tomar en cuenta a los tres cantones del área de influencia: Cuenca, Girón y  San Fernando, y no solo a uno.

Ecuador frente a un arbitraje
Hasta el momento, la inversión de INV Metals en el proyecto es de $ 55 millones, pero la construcción y desarrollo de la mina demandará una inversión de aproximadamente $ 309,5 millones.

La empresa canadiense tiene un tratado bilateral de protección de inversión con el Estado ecuatoriano.

Si en la consulta popular  la mayoría de la población de ese sector decide en contra del proyecto, se abre la ventana de un posible arbitraje internacional.

“Al ver que una comunidad de 15.000 personas puede pronunciarse sobre un tema que es de interés nacional, se establecerá (el arbitraje internacional) una indemnización de cientos de millones de dólares”, advirtió Guerrero.

Comunidades amenazan con medidas de hecho
Tras conocerse la suspensión temporal de la consulta popular, colectivos ambientalistas y sociales opuestos a la minería rechazaron la sentencia.

María Maltute, de la parroquia Santa Marianita, de Girón, dijo que las comunidades tienen derecho a pronunciarse sobre la consulta popular.

“No es posible que solo un grupo de personas beneficiadas  vengan a cortar este proceso democrático”, indicó Maltute.

Estaba previsto que este fin de semana se reúnan las comunidades que impulsan el No en el referéndum para determinar las acciones a seguir.

“Cerraremos calles y avenidas. Si es necesario dar la vida, la daremos”, enfatizó la ciudadana. (I)