Ayer los miembros del Comité Empresarial Ecuatoriano se reunieron para analizar el proyecto de Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas.

Su titular, Richard Martínez, indicó no estar de acuerdo con que se graven más impuestos y que se debe tratar la problemática nacional con soluciones estructurales.

Señaló que las principales debilidades de la reforma están relacionadas con el financiamiento y la liquidez, y con la afectación a la competitividad de los sectores empresariales. “Esta decimotercera reforma tributaria lesiona las expectativas de los agentes económicos y por tanto afecta la inversión”.

Cuestionaron que las finanzas públicas puedan estabilizarse con los $ 300 millones que se recaudarían con el nuevo esquema de tributación, pues la brecha fiscal podría ser mayor a $ 6.600 millones.

Sobre el incremento de la tarifa de telecomunicaciones dijo que implica dar marcha atrás en el proceso de digitalización de la economía y la penetración de este servicio.

Destacó que el incremento de impuestos para bebidas azucaradas -de $ 60 millones a $ 250 millones- bordea el 400% y por tanto tendrá un efecto negativo en la cadena de valor de estas empresas. La cadena de valor abarca aproximadamente a 160.000 personas.

Por su parte, Julio Prado, representante de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, indicó que otros países utilizan el dinero electrónico como medida para incentivar el consumo. Sostuvo que su actual forma de aplicación no ofrece las condiciones para que el consumidor adopte la moneda electrónica consistentemente. “Ante un shock económico hay que generar un shock de confianza a través de un plan antirrecesión de corto, mediano y largo plazo”, manifestó Prado.

Al concluir la sesión, el directorio anunció que presentará sus observaciones al Legislativo y que está abierto al diálogo. Acotaron que su responsabilidad es alertar sobre políticas públicas que podrían conducir a un escenario más complejo. (I)