Las necesidades del sector pesquero se tomaron en cuenta para elaborar el proyecto de Ley Orgánica de Pesca y Acuicultura. Así lo aseguró Iván Ontaneda, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. El documento se entregó a la Asamblea Nacional este viernes 16 de agosto de 2019.

La normativa vigente data de 1974 y no cuenta, por ejemplo, con artículos que regulen la actividad camaronera. De ahí la necesidad de una legislación acorde a las necesidades actuales del sector y a las exigencias de los mercados internacionales.

El proyecto de ley cuenta con artículos sancionatorios para evitar la pesca ilegal y recoge incentivos directos para el pequeño pescador y acuicultor, con el objetivo de incorporarlos de mejor forma a mercados mundiales.

La Unión Europea (UE) levantó alertas recientemente para que se modernice esta legislación. Sus principales observaciones fueron las multas de la pesca ilegal que en la norma vigente están todavía en sucres.

El Ejecutivo ahora plantea un nuevo esquema de sanciones que van desde un Salario Básico Unificado (SBU) hasta 1.500 SBU, según el tipo de infracción y el tamaño de las embarcaciones. Otro de los pedidos de la UE es la protección de las especies y el respeto a las leyes marinas.

La propuesta entregada este viernes 16 de agosto de 2019 ya contempla, por ejemplo, la prohibición de captura, transporte y comercialización de tortugas, aves, mamíferos marinos y otras especies.

En caso de no reformar la ley, el mercado europeo sancionaría a Ecuador con una “tarjeta amarilla”, es decir, que dejaría de comprar el 65% de las exportaciones de atún ecuatoriano.

El proyecto también incluye conceptos de derecho marítimo y pesquero moderno, en armonía con derecho internacional y convenios suscritos por el país. Asimismo, potencializa la investigación en materia pesquera y acuícola para crear instrumentos que permitan precautelar estas actividades productivas.

El documento contiene 165 artículos, 2 disposiciones generales, 10 transitorias, 7 disposiciones reformatorias, una disposición derogatoria y una disposición final.

Sectores artesanales, industriales de pequeña, mediana y gran escala, de todas las pesquerías del país, así como del sector acuícola y piscícola, participaron en la construcción del proyecto.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) y la DG Mare, dirección encargada de las políticas de la UE sobre asuntos marítimos y pesca, también revisaron el documento. Sus opiniones fueron consideradas en el proyecto.

Ontaneda dijo que con esta ley se dinamizará la actividad pesquera y acuícola, generará mayor competitividad y fomentará una pesca artesanal e industrial sostenibles.  

A criterio de Luigi Benincasa, director ejecutivo de la Asociación de Atuneros del Ecuador, el principal beneficio de esta ley es que los mercados internacionales verán que Ecuador se moderniza en el cumplimiento de las legislaciones internacionales en temas pesqueros.

Para Pabla Anchundia, representante de Eurofish de Manta, el principal beneficio es que la nueva norma agilitará el proceso de las exportaciones.

Anchundia agrega que el documento también permitirá precautelar la seguridad de los pescadores en mar abierto, pues están expuestos a la piratería y evitará la pesca ilegal.

La industria pesquera genera más de 100.000 empleos, entre directos e indirectos. Y junto con el sector acuícola representan más de $ 4.500 millones en exportaciones y en divisas para Ecuador.

El camarón, por ejemplo, es el primer producto de exportación no petrolero del país. En el primer semestre de 2019, las exportaciones de esta especie aumentaron el 14,8%, con respecto al mismo período de 2018. (I)