Una nueva amnistía tributaria, luego tres años del último proceso, genera inquietud entre los asambleístas que analizan el proyecto de Ley de Fomento Productivo. Las autoridades del Frente Económico aseguran que los mayores beneficiados serán los pequeños contribuyentes.

La condonación de intereses, multas y recargos aplicará en deudas vigentes al 2 de abril de 2018 con el Servicio de Rentas Internas (SRI), Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Empresas Públicas y Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

Aplicará sobre todos los contribuyentes y tendrá efecto una vez que se cancele todo el capital y desistir de litigios, para lo cual se han establecido períodos de pago de acuerdo al tamaño de las empresas.

Los negocios que durante los últimos tres ejercicios fiscales registraron ingresos superiores a $ 5 millones podrán acogerse en un lapso de 90 días desde que la ley aparezca publicada en el Registro Oficial.

Aquellos con menores ingresos tienen la opción de cancelar dentro de los 90 días o solicitar facilidades de pago que se pueden extender hasta por 2 años.

El Frente Económico del Gobierno hace hincapié en que esta es la principal diferencia que tiene el proceso actual, ya que permite a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) acomodar su situación financiera.

Como meta el Gobierno proyecta recaudar $ 774 millones durante los próximos tres años, de los cuales $ 602 millones se prevén para 2018, $ 115 millones en 2019 y $ 57 millones en 2020.

En la Asamblea Nacional varios integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico, a cargo de la ley, han expuesto su preocupación en torno a que se podría sentar un mal precedente frente a aquellos contribuyentes que sí cumplen a tiempo con sus obligaciones. Además, advierten que serán las grandes sociedades las más favorecidas.

Por la última remisión tributaria, en 2015, el fisco obtuvo $ 970 millones pagados por un millón de contribuyentes, según datos del SRI.

Marisol Andrade, directora general de la entidad, explicó que el 92% de contribuyentes de aquel proceso fueron personas naturales y apenas el 8% sociedades.

Si bien las empresas grandes aportaron con cerca del 70% de esa recaudación, constituyeron el 1,2% de todos los beneficiarios, mientras que las mipymes representaron el 60%, sustentó Andrade y recordó que el primer proceso de remisión en el país ocurrió en 1971.

Cinco áreas más cubre el régimen de remisiones y reducciones. Con el IESS se propone disminuir el porcentaje de intereses, multas y recargos de obligaciones patronales en mora. En la Aduana la remisión será sobre las deudas establecidas en control posterior a través de rectificaciones de tributos.

Conductores con infracciones e impuestos vehiculares vencidos podrán solicitar indulto a la ANT. Pagos pendientes por servicios básicos brindados por las empresas públicas también están incluidos. Los GAD podrán ejecutar procedimientos similares, pero antes se debe crear normativa específica.

Lucía Calderón y Marco Carrión, representantes de la Economía Popular y Solidaria (EPS) y de la pequeña y mediana empresa, consideran que la medida dará oxígeno a los negocios.

Manifestaron que las deudas se deben principalmente por problemas de liquidez generados en los últimos años.

Enrique Pita, presidente de la Federación de Cámaras de la Construcción, propuso hacer un cruce de cuentas con los valores que el Estado aún adeuda a proveedores.

A criterio de Larry Yumibanda, presidente del Colegio de Economistas del Guayas, el Gobierno no debería indultar las deudas porque perjudica a la cultura de pagar impuestos.  

La evasión tributaria en Ecuador bordea el 4% del Producto Interno Bruto (PIB), señaló y sugirió poner un candado constitucional para evitar futuras condonaciones.

Esta idea ya ha sido mencionada en la Asamblea, ante lo cual el ministro de Finanzas, Richard Martínez, ha respondido que la ley es perfectible. (I)