Hoy estaría listo el informe para primer debate de la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, según informó ayer Ximena Peña (AP), asambleísta integrante de la Comisión de Régimen Económico. Por ello se esperaría que la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, convoque al pleno para el próximo martes 12 de abril.    

La legisladora Peña adelantó algunos de los posibles cambios que contemplaría el informe, respecto del texto original enviado por el Ejecutivo. Entre aquellos se considera un tratamiento especial para la cerveza artesanal, un incremento adicional para los cigarrillos y gravar con impuestos a las bebidas azucaradas (excepto a los lácteos).

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Peña explicó que, tras escuchar los argumentos de la Asociación de Cervecerías del Ecuador, la Comisión reflexionó sobre la situación que enfrenta este segmento productivo. Se decidió darle un tratamiento especial que permita excluir a la cerveza artesanal de los incrementos tributarios a los cuales estarían sometidos las bebidas con alto grado de alcohol.

En el proyecto de ley elaborado por el Ejecutivo se proponía  un incremento del 60% del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) para las cervezas. Si se aprueba este aumento, ese tipo de bebidas pasaría de $ 7,24 a $ 12 por litro de alcohol puro. De esta forma, la presentación de 300cc se elevaría en $ 0,06, la de 330cc $ 0,08, y la de 600cc en $ 0,13. “La Comisión ha considerado esto (no incrementar tributos a la cerveza artesanal) porque compite con cervezas industriales de producción masiva”, indicó Peña, resaltando que se los incluirá en el segmento de “otras bebidas” para que no sufran una afectación, manteniéndose en la franja de $ 7,24 por litro de alcohol puro.

Según cifras presentadas por la Asociación de Cervecerías del Ecuador, la producción de esa bebida abarca el 0,52% del mercado nacional, mientras el restante 99,48% se lo reparten entre dos grandes consorcios. Ellos propusieron a la Comisión hacer un pago progresivo del ICE, de acuerdo al tamaño del negocio y su capacidad productiva; sin embargo, con las modificaciones para el primer informe, su carga impositiva no se vería alterada y se mantendría como está actualmente.

Por otro lado, el miércoles, Vinicio Troncoso, representante de Cervecería Nacional, presentó la postura de la compañía, en la cual solicitaron que el incremento tributario sea acorde al contenido de grado alcohólico de cada producto.

Y de esa manera, según Troncoso, la empresa podría “absorber” los costos sin elevar el precio final al consumir. En este sentido planteó que las bebidas de bajo contenido alcohólico (de 0 a 5 grados) paguen $ 8 por litro de alcohol; $ 12 para las de 5 a 20 grados; y $ 14 las de 20 a 100 grados.  

Si se efectiviza el aumento sugerido por el Ejecutivo, según el empresario, se pondrían en riesgo alrededor de 450 plazas de trabajo, habría una afectación a 7.000 tiendas, y con ellas a 10.000 familias y 3.000 proveedores.

A su vez, Troncoso advirtió que la fabricación nacional de su producto Pony Malta estaría en riesgo si se aprobara un aumento de $ 0,25 por litro para bebidas gaseosas. Dijo que Cervecería Nacional es consciente de la situación económica que atraviesa el país, por ello, a pesar de anteriores reformas tributarias, decidió mantener sus precios el mayor tiempo posible. No obstante, la empresa estima que la ley afectaría sus valores.  

Según lo expresado por Peña, la Comisión habría considerado que,  por las cifras de producción de la cerveza industrial y su economía, el nuevo incremento de impuestos no causaría mayor afectación a la capacidad productiva de la Cervecería. Por ello se aprobaría íntegramente este aspecto planteado por la Función Ejecutiva.

La Comisión evaluó también el pedido de gravar con un tributo del 10% a las bebidas azucaradas, efectuado por la ministra de Salud Pública, Margarita Guevara. Esta medida tendría como propósito reducir su consumo y fomentar nuevos hábitos saludables.

Durante la mañana, los legisladores, con el apoyo de asesores del Servicio de Rentas Internas (SRI), analizaron esa propuesta y exceptuarían de la solicitud a los productos lácteos y sus derivados así como a las bebidas que contengan pulpa de fruta en más del 50%.

Entre las alternativas estudiadas se encontraba el establecimiento de tributos según el nivel de azúcar de cada producto.

Los impuestos a los cigarrillos sí tendrían un aumento adicional de $0,01 al propuesto originalmente. Si así sucede, el precio unitario de ese producto subiría $ 0,02. (I)

DATOS

El 30 de marzo, el Presidente de la República envió el proyecto de ley a la Asamblea. Desde esa fecha, la Función Legislativa tiene 30 días para decidir sobre
la norma.

$ 335,2 millones espera recaudar el Estado durante lo que resta del 2016, pues los impuestos empezarían a regir desde mayo. Para 2017 se estima que la recaudación ascienda a $ 492 millones.

$ 18 millones en pérdidas podrían registrarse por el aumento del impuesto a las gaseosas, según la Federación Nacional de Azucareros de Ecuador, que estima que hay riesgos para 1.700 puestos de trabajo.

$ 71,3 millones en 2016 y $113 millones en 2017 esperaba recaudar el Estado con el incremento de tributos a la cerveza, incluyendo la de fabricación artesanal.

6 millones de consumidores de cerveza de fabricación industrial existirían en Ecuador según los registros de la Cervecería Nacional. Este dato fue proporcionado por su representante, Vinicio Troncoso, durante la reunión en la Comisión de Régimen Económico realizada ayer en la Asamblea.  

El impuesto a la renta a pensiones jubilares sería retirado de la Ley Orgánica por petición del Presidente de la República.

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Según el exdirector regional del SRI

Fuera del país podrían estar $10.000 millones

Las actuales normas jurídicas ecuatorianas permiten que el Estado adquiera deudas hasta por un monto equivalente al 40% del Producto Interno Bruto (PIB). Según el exministro de Economía y Finanzas, Fausto Ortiz, la deuda pública habría ya llegado al 38,9%. Así lo afirmó durante un conversatorio realizado en la  Universidad Ecotec en Guayaquil.

En el encuentro se debatió el proyecto de Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas. En este evento participó también el exdirector regional del Servicio de Rentas Internas (SRI), Jorge Ayala.

Ambos analistas emitieron sus críticas a la propuesta ejecutiva, pues la consideraron poco conveniente para el país. Ayala expresó que la propuesta tributaria no permitirá precautelar la salud, pues los consumidores seguirán comprando cervezas o cigarrillos.

El exdirector criticó que lo que se recaude por bebidas azucaradas y cigarrillos no vaya, según él, directamente a solucionar los problemas relacionados con la salud. Cada año el Estado destina $ 200 millones para el tratamiento de pacientes con patologías derivadas del cigarrillo, y con la reforma tributaria se aspira a recaudar $ 207 millones.    

Entre las alternativas para ampliar el ingreso de dinero al Estado, Ayala planteó que se abra la posibilidad de traer los recursos que empresarios tienen en el exterior sin castigo.   

Por otra parte, Ortiz dijo que el problema no es llegar al tope de endeudamiento permitido sino el vencimiento a corto plazo de las obligaciones contraídas.

Ayala dice que según su perspectiva no hay indicios de que la inversión privada llegue a Ecuador porque la pública afectó esta posibilidad. El último estudio del Banco Central indica lo contrario a lo expresado por Ayala.

A diferencia de los resultados de la balanza comercial, las cifras sobre la Inversión Extranjera Directa (IED) en Ecuador fueron las más altas registradas en la última década. Mientras la IED alcanzó los $ 493 millones en 2005, esta llegó a $ 1.060 millones en 2015.

Por otra parte Ayala agregó que lo más probable es que, en los próximos trimestres, el Gobierno tenga que hacer otra reforma tributaria. “Si esta es una reforma para equilibrar las finanzas públicas, si se modifica cualquier parámetro del Impuesto a la Renta, esta entra a partir del siguiente periodo, por ser un gravamen de liquidación anual. Ninguna reforma en relación al IR va a tener efectos para este año”, detalló.   

Afirmó además que “hay más de $ 10.000  millones en el exterior, sumen Panamá y Suiza”.   

Ante esta realidad recomienda aplicar una moratoria fiscal y dar de baja a todas las normas que impiden que esos recursos en el exterior regresen a Ecuador.   

Según Ayala, los ecuatorianos no traen esos recursos porque hacerlo significaría pagar un gravamen y cuestionamientos sobre el origen del dinero.

Por otra parte, Ortiz expresó que la reforma tributaria es la forma en la cual el Gobierno intenta adquirir fondos que le permitan cubrir la deuda existente. Sostuvo además que la deuda subió más en estos últimos años, en especial en 2014 en donde creció en $ 7 mil millones. Considera contraproducente el incremento de impuestos porque, según él, el país atraviesa una recesión económica.

El informe para primer debate del proyecto tributario estaría listo hoy, luego de escuchar a más de 20 personas e instituciones involucradas en el tema. (I)

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