En un solo bloque y con una sola postura, los países latinoamericanos miembros de la Comisión Interamericana de Atún Tropical (CIAT) asistirán a la próxima reunión general de abril. El planteamiento de recomprar buques atuneros a la flota, como estrategia para la preservación de la especie y reducción de la sobreexplotación existente, fue debatida en Guayaquil, con la finalidad de observar su viabilidad  y el impacto en el sistema laboral.

Ecuador en el 2011 ocupó el primer lugar en las capturas de atún en el océano Pacífico oriental, con un total de 200.849 toneladas y cuenta con aproximadamente una flota de 90 barcos de bandera nacional.

El viceministro de Acuacultura y Pesca, Iván Prieto Bowen, quien fue el anfitrión del encuentro, resaltó que la propuesta de la CIAT es reducir en un 20 al 30 por ciento la flota de buques.

“La intención del encuentro regional es consensuar propuestas y estrategias de acuerdo a los intereses de los Estados miembros latinoamericanos. El objetivo es acudir a esta reunión general con una sola respuesta, un solo planteamiento, de tal manera que lo que se diga provenga del resultado de la unión de todos, en base a la realidad de los países atuneros y no a imposiciones de países desarrollados”, dijo.

Este criterio fue compartido por el representante del Programa Nacional de Observaciones de Venezuela, Alvin Delgado, quien reiteró que esta primera reunión tuvo el objetivo de analizar la conveniencia de aceptar la recompra de los buques. Hay aspecto económicos y laborales que podrían verse afectados entre quienes se dedican a esta actividad. Venezuela tiene una flota de aproximadamente 22 buques atuneros.

Rafael Trujillo, miembro de la Cámara Nacional de Pesquería, reiteró  que la reunión fue “extremadamente exitosa”, y que en la próxima reunión del bloque habrá una declaratoria que permitirá sostener una sola postura de los países atuneros latinoamericanos.

El pago de la recompra de buques provendrá de los armadores. Durante la reunión, los miembros de la CIAT reiteraron la defensa de los derechos ciudadanos de los países ribereños y de aquellos con historial de participación de la pesquería, “derecho que no puede ser desconocido ni disminuido por ninguna medida de ordenamiento”.