En su último Informe a la Nación, el presidente de la República, Rafael Correa, expresó su admiración hacia las personas damnificadas por el terremoto del 16 de abril, y también su gratitud hacia todos los ciudadanos involucrados en las labores de rescate y asistencia.

“Esta tragedia no doblegará el espíritu del pueblo manabita y esmeraldeño, que mantiene la convicción de que juntos superaremos las dificultades y saldremos fortalecidos”.  

El Mandatario resaltó que los problemas estructurales ocasionados por el desastre natural no podrán resolverse con acciones espontáneas temporales. Por esta razón se planificaron medidas que canalizan la solidaridad y la acción colectiva de todos los ecuatorianos.

Una vez introducidas esas acotaciones, el presidente Correa se refirió a la preparación que tenía el país para enfrentar la emergencia. Cuestionó entonces a aquella oposición que, en lugar de entender la lógica de la inversión y el ahorro públicos, critica la eliminación del Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento  Público (Feirep), una decisión que Correa tomó como ministro de Economía y Finanzas en 2005.

El Presidente recordó que tal fondo fue creado en 2002 para cumplir con los requerimientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la firma de acuerdos. Se nutría de la participación estatal en la producción de crudo pesado, esto es, del 45% del exceso de ingresos petroleros y del superávit presupuestario. El mandatario señaló las contradicciones que existían en el fondo. Mientras que el 70% de los recursos acumulados en el Feirep se destinaban por ley a la recompra de deuda pública, solo el 10% iba para desarrollo humano (educación y salud) y el 20% para contingencia frente a desastres o desfases presupuestarios. “Antes que un fondo de estabilización era una garantía de recompra de deuda, que además disponía de la mayor asignación presupuestaria de la historia ecuatoriana”, dijo Correa.

Esta situación provocó que se revalorizaran artificialmente los bonos de deuda y que se transfiriera una enorme cantidad de recursos a los acreedores. Concretamente, los tenedores de los bonos ecuatorianos, que no necesariamente eran extranjeros, tuvieron ganancias por más de $ 1.400 millones en un año.

La Ley de Transferencia Fiscal, mediante la cual se creó el Feirep, limitaba también el crecimiento del gasto público a un máximo del 3,5% anual, sin discriminar si ese incremento iría a hidroeléctricas, puertos o sueldos para maestros.

“En lugar de estos fondos recesivos y altamente costosos en términos de oportunidad, hicimos lo inteligente y correcto. Mantuvimos al máximo nuestras capacidades sociales por medio de una adecuada inversión. Tuvimos listos créditos de contingencia que permitieron iniciar la reconstrucción y activación económica de las zonas de desastre”.  

Estas referencias del Primer Mandatario sirvieron para contextualizar las diferencias existentes entre la conducción macroeconómica basada en los preceptos ortodoxos y el nuevo modelo de desarrollo impulsado desde 2007. (I)

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La exportación de crudo aportó $ 36.035 millones en valor neto

En nueve años, solo el 24% del ingreso estatal vino del petróleo

Como consecuencia de los cambios a la administración pública efectuados desde 2007, actualmente el Estado ecuatoriano basa sus operaciones en ‘ingresos permanentes’, es decir, en ingresos relacionados con la recaudación de tributos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), el Impuesto a la Renta, el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) y aranceles.

En razón de lo anterior, al momento de efectuar su Informe a la Nación, el Mandatario indicó enfáticamente que es equivocado sostener que el Gobierno Nacional recibió $240.000 millones por ingresos petroleros durante los últimos nueve años.

Este equívoco proviene de la contabilización de los ingresos brutos por exportaciones petroleras sin considerar que a ese rubro se debe descontar los costos de producción de crudo, las nuevas inversiones realizadas para mantener la producción petrolera o el costo de importación de combustibles, entre otros factores.

Desde 2007 a 2015, el Presupuesto General del Estado (PGE) tuvo un ingreso de $ 169.281 millones. Estos recursos tuvieron tres fuentes: los ingresos petroleros netos por $ 36.035 millones; los ingresos no petroleros y las ganancias de capital por $ 113.130 millones; y el financiamiento neto por $ 20.116 millones. Así, el Gobierno Nacional financió servicios públicos por $ 84.527 millones; transferencias a gobiernos locales por $ 19.936 millones; intereses y sector público financiero por $ 10.133 millones; infraestructura vial por $ 8.920 millones; transferencias al IESS, Issfa e Isspol por $ 8.533 millones; hidroeléctricas por $ 7.178 millones; transferencias a empresas públicas por $ 4.132 millones; vivienda, saneamiento, infraestructura social por $ 3.824 millones; e inversión agrícola por $ 2.028 millones.

Al referirse a ese gasto, el presidente señaló que “la política social, la seguridad y la justicia son básicos para el buen vivir y para el propio mercado. La protección social no contradice al mercado sino que lo complementa”. (I)

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Las inversiones en educación generarán más ventajas

La economía ecuatoriana duplicó su tamaño desde 2006

El presidente Correa destacó que desde 2006 el tamaño de la economía ecuatoriana se duplicó. Además de generar efectos multiplicadores al interior de las diversas actividades económicas, aquella expansión permitió la disponibilidad de suficientes recursos para que el Estado pudiese volver a hacer políticas dirigidas a ampliar las capacidades y posibilidades de las personas.  

Uno de los resultados más importantes de ese crecimiento fue la inversión que se realizó en salud. Ahora, gracias a una inversión que es superior en 5 veces a aquella realizada por gobiernos pasados, se ha logrado un acceso universal a la salud.

Esto se corrobora con las cifras que presentó Sandra Naranjo, titular de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), quien afirmó que la salud debe ser una política de Estado y no de un Gobierno.

Dado que uno de los grupos más vulnerables son los niños se implementaron acciones que lograron reducir la tasa de mortalidad infantil de 10,7% a 8,4% por cada mil habitantes.

Para crear las condiciones de desarrollo a largo plazo, la educación es imprescindible, como lo destacó también el vicepresidente de la República, Jorge Glas. Por ello,
Ecuador es el país que más invierte en educación a nivel regional. Entre 2007 y 2015, como promedio anual, la inversión en educación fue 3,7 veces mayor que aquella efectuada en el período 2000-2006 y equivalió a un 2% del PIB.

A lo anterior se suma otra línea de acciones que facilitarán la conformación de actividades económicas basadas en el conocimiento. Hasta la fecha, 14.276 ecuatorianos han sido beneficiados con becas para realizar estudios superiores.

Además se mejoró la calidad del sistema educativo: hoy 2.900 profesores de las universidades tienen un PHD y 7 de cada 10 tienen título de cuarto nivel. Elementos sistémicos como los anteriores les permitirán a las nuevas generaciones aprovechar las oportunidades creadas. (I)

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La consolidación de cuentas facilitó la gestión fiscal

La inversión pública permite ahorrar $ 3.600 millones al año

Las inversiones realizadas por el Gobierno Nacional le permitirán al país ahorros anuales significativos. En el sector justicia se ahorra $ 138 millones por la abreviación de los procedimientos. En el sector hídrico  se ahorra $ 247 millones gracias al control de inundaciones. En el sector de hidrocarburos, la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas y el aprovechamiento del gas permiten ahorros por $ 371 millones. Por otra parte, se tiene un ahorro anual de $ 334 millones para el Estado a través de las mejoras en la eficiencia, competitividad y transparencia de los procesos de compras públicas.

En el sector eléctrico, la reducción de la importación de combustibles y de las pérdidas energéticas ahorran $1.200 millones.

Y, en el sector productivo, las mejoras en la infraestructura de transporte y vialidad ahorran $ 1.300 millones en diversos costos. Todo lo anterior demuestra “que no hay mejor ahorro que una buena inversión”, dijo el Presidente. Para explicar esta afirmación, el Mandatario recordó que las limitaciones a la inversión pública constituyen una traba al crecimiento económico a largo plazo, cuestionando así la visión económica convencional según la cual la inversión pública desplaza a la inversión privada.

“Este ahorro (público) no necesariamente se registra en las cuentas fiscales, pero existe (...) Supuestamente no podemos invertir porque se deteriora el sector externo y no somos competitivos, decía un analista. Pero no somos competitivos si no podemos invertir. Con esa lógica, entonces, jamás saldremos del círculo vicioso del subdesarrollo”.

A su vez el Presidente vinculó los ahorros alcanzados con la gestión de las finanzas públicas. “En nuestro gobierno, el manejo de la liquidez (…) no se basó en ineficientes y hasta deshonestos fideicomisos sino en la eficiencia de los recursos públicos, eliminando cuentas dispersas, ociosas y muchas veces poco transparentes.

Para ello se creó la Cuenta Única del Tesoro Nacional que consolida los recursos que antes estaban dispersos en más de 4.000 cuentas”. (I)

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Desde 2009 se revirtió una tendencia que duró décadas

La distribución del ingreso mejoró a favor del trabajador

El bienestar de la población no solo depende del aumento de la producción doméstica. Durante los últimos nueve años, las decisiones de política pública tomadas por el Gobierno Nacional facilitaron un proceso económico con capacidad para distribuir la riqueza a favor de quienes viven de su trabajo.

Utilizando las cuentas nacionales del BCE, se puede calcular el Producto Interno Bruto (PIB) por “el enfoque del ingreso”.

En lo fundamental, se logra así distinguir cómo el PIB se repartió entre, por un lado, la remuneración de asalariados o el pago a los trabajadores; y, por el otro, el ‘Excedente Bruto de Explotación’ o la remuneración recibida por los dueños del capital.

De esta manera se genera información sobre ‘la distribución primaria del ingreso’, es decir, la repartición del ingreso entre los ecuatorianos que surge inmediata y directamente del proceso económico antes de que la acción gubernamental redirija recursos mediante sus diversas políticas públicas.

Con ese trasfondo se observa que se revirtió una tendencia acuñada décadas atrás. En 2007, al principio del gobierno de Rafael Correa, los dueños del capital recibían una proporción mayor de la riqueza social que los trabajadores: el excedente bruto de explotación equivalía al 35,6% del PIB y las remuneraciones a los asalariados representaban el 31,6% del PIB.

Dos años más tarde, en 2009, la situación ya cambió: el 35% del PIB se dirigió hacia remuneraciones para los trabajadores y el 28,9% del PIB fue canalizado como renta a los propietarios del capital.

Desde ese entonces, la repartición de la riqueza tendió a efectuarse a favor de los trabajadores. “En 2007, los dueños del capital se apropiaban de la mayor parte del ingreso nacional, un 36%. Hoy, quienes tienen la mayor proporción de ese ingreso nacional son los trabajadores con un 37% y el capital con un 30%, aunque ese capital también ha ganado ya que la economía es de mucho mayor tamaño”, dijo el presidente Correa. (I)

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Desde enero se efectuaron más de 1,9 millones de operaciones

La tendencia a la reducción del crédito comenzó a revertirse

Los indicadores presentados por el Primer Mandatario confirman sus afirmaciones: la liquidez está subiendo y el crédito se está recuperando.   

Cifras del Banco Central del Ecuador (BCE), de la Superintendencia de Bancos y de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria (SEPS), dan cuenta de que en los meses de marzo y abril el sistema financiero nacional registró un importante crecimiento de la cartera de crédito.

Correa aseveró que esos “son los dos primeros meses” que presentan este comportamiento positivo desde mayo de 2015, cuando la variación mensual del crédito era de $ -227 millones.

Desde entonces la evolución de los créditos de la banca fue negativa. Incluso en diciembre de 2015 llegaron a $ -283 millones. A partir de ahí la tendencia empezó a apuntar hacia arriba. “La banca se mantiene con un índice de crecimiento de 14,3%, muy superior al 9% exigido por la ley”, puntualizó el Presidente.        

Según el reporte de Evolución del Volumen de Crédito y Tasas de Interés del Sistema Financiero Nacional, con corte a abril de 2016, el BCE informa que en ese mes el crédito otorgado por la banca privada  y por instituciones de la economía popular y solidaria fue de $ 1.794,3 millones a través de 479.006 operaciones.

En tanto que, en abril, el volumen de crédito total otorgado por el sistema financiero público se situó en $ 51.3 millones con 2.128 operaciones.

De acuerdo al informe del BCE, en el mes pasado, el número de beneficiarios fueron 480.074, con un crédito promedio de $ 3.737,5 por cada beneficiario. Pichincha y Guayas fueron las provincias que registraron más créditos. La primera obtuvo $ 713,1 millones y la segunda $ 562 millones.

Desde enero a abril de 2016, el volumen de crédito acumulado se situó en $ 6.949,7 millones y se registraron 1,9 millones operaciones crediticias. Estas estadísticas van de la mano con el volumen de depósitos, que en total suman $ 3.087 millones, según el BCE. (I)

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La acción pública apunta hacia la balanza comercial

La política busca restablecer el flujo circular de la economía

Para caracterizar la situación actual de la economía ecuatoriana, el presidente Correa trajo a colación un conjunto de factores adversos que, si no existiese una acción estatal oportuna, podrían reforzarse entre sí y perpetuarse.  

Aquellas variables conforman un ‘circulo de la desaceleración económica’ cuya dinámica opera a través de tres elementos.

El primero, el ‘déficit externo’. Durante los últimos dos años, la caída del precio internacional del crudo, la apreciación del dólar y la contracción de la demanda de los países desarrollados generaron una reducción de los ingresos para Ecuador por exportaciones.   

A consecuencia de lo anterior, la cantidad de dólares y divisas que ingresan al país disminuyó produciendo así una caída de la liquidez interna, esto es, una caída de la cantidad de dinero a disposición inmediata de los agentes para realizar transacciones, para efectuar depósitos y para otorgar créditos.

Por su parte, esta caída de la liquidez interna disminuye la actividad económica de los hogares, las empresas y el Estado, sea reduciendo su consumo, ahorro e inversión.

Por último, esta afectación a la actividad de los agentes económicos incide también en el déficit externo, cerrando así el círculo de factores adversos relacionados entre sí.

Según indicó el presidente Correa, desde enero a marzo de 2016 esta dinámica adversa le hizo perder al país unos $ 1.200 millones adicionales a los $ 7.400 millones que se perdieron por la caída de las exportaciones durante 2015.

Para responder a los desafíos macroeconómicos coyunturales, el Mandatario esbozó un conjunto de acciones dirigidas a introducir y mantener ingresos en el flujo circular de la economía (infografía).

Dadas las limitaciones impuestas por el actual régimen monetario, aquellas acciones buscarán controlar el déficit externo para así recuperar la liquidez doméstica. Esto permitirá, a su vez, incentivar la actividad de las empresas y los hogares. (I)