El informe presentado por el Ministerio de Finanzas a la Asamblea Nacional, sobre los recursos de la Ley de Solidaridad, no termina de convencer a los legisladores que cuestionan el movimiento financiero del 29 de diciembre.

Una abultada carpeta con la documentación de Finanzas recibió Rina Campain (CREO), asambleísta por Esmeraldas, quien manifestó que dentro de la información proporcionada no se clarifica el uso de los $ 300 millones retirados por el Gobierno.

Tampoco se detalla con precisión, añadió Campain, qué sucedió con la liquidez del país para que el Estado tenga que abastecerse tomando recursos de la reconstrucción del terremoto.

A decir de Carlos de la Torre, ministro de Finanzas, en diciembre “los flujos a la caja fiscal no llegaron como se había previsto”.

Durante la cita del jueves en la Asamblea, agregó que el dinero de ventas petroleras, exportaciones y desembolsos de créditos contratados en el pasado no llegaron como esperaba el Gobierno.

El retraso generó una necesidad de liquidez en la economía nacional que se resolvió acudiendo temporalmente al fondo para la reconstrucción.

Cuando los flujos se normalizaron en los primeros días de enero, el Gobierno restituyó los $ 300 millones mediante dos depósitos.

El Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas fue el marco legal al que se acogió el Gobierno Nacional para retirar dinero de la Ley de Solidaridad.

Para Campain el reglamento utilizado no es válido porque los artículos 286 de la Constitución y 81 del Código de Finanzas Públicas señalan que los egresos permanentes del Estado se financian con ingresos permanentes.

“Los fondos del terremoto no son producto de los ingresos permanentes porque nacen de una ley especial”, expuso la legisladora de la provincia de  Esmeraldas e hizo referencia a que las contribuciones creadas por la norma fueron temporales.

Segunda operación polémica
No es la primera vez que existe controversia por una transacción del Estado a los fondos de la Ley Solidaria.

En julio de 2016 (un  mes después de la aprobación de la norma) la anterior administración trasladó $ 120 millones a la Cuenta Única del Tesoro Nacional.

Así se compensó parte de los $ 155 millones que se extrajeron del Presupuesto General del Estado para atender la emergencia hasta que entrara en vigencia la ley.

La suma se distribuyó en pago a proveedores y varias entidades como BanEcuador, Banco del Estado, Corporación Nacional de Finanzas Populares, y la Corporación Financiera Nacional. (I)

Veeduría halló anomalías en informe del terremoto  
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) difundió parte del informe final de la Veeduría Ciudadana que acompañó el Uso Transparente de Recursos Asignados por el Ministerio de Finanzas a la Secretaría de Gestión de Riesgos (SNGR) para atender la emergencia nacional por el terremoto del 16 de abril de 2016.

En enero de 2017 fue convocada la veeduría. Señala que Finanzas dio inicialmente $ 10 millones a la SNGR, pero usó $ 1’126.000. Posteriormente, trasnfirió $ 10 millones. Al respecto, la institución adquirió compromisos por $ 1’105.730,41, según los veedores.

Se hallaron irregularidades en la secuencia de las facturas del proveedor encargado del mantenimiento de vehículos. Asimismo se encontró incremento del valor de alquiler de baterías sanitarias móviles, en las que se habría cobrado $ 147.730,41 por 200 baños y $ 233.732,80 por 203 unidades.

Y la existencia de una alta cantidad de material para señalética almacenada en los patios de la delegación provincial de la SNGR. Los bienes fueron adquiridos en $ 570.000. (I)