Tres meses después del terremoto de 7.8 grados que sacudió al Ecuador el pasado 16 de abril, el Gobierno Nacional rindió cuentas de las acciones ejecutadas en las zonas afectadas, conforme lo dispone la Ley Orgánica de Solidaridad, creada para atender la emergencia.

El informe trimestral fue presentado ayer, en el pleno de la Asamblea Nacional, por Carlos Bernal, secretario Técnico del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva, junto a Fausto Herrera, ministro de Finanzas. Las cifras económicas expuestas tienen corte al 15 de agosto.    

Hasta el momento se han asignado $ 888,12 millones, de los cuales se ha devengado el 21% ($ 182 millones). Un total de $ 324,92 millones provienen de la Ley Solidaria y $ 563,2 millones salieron del Presupuesto General del Estado (PGE), dijo Bernal.

De ese monto, el 67% se destinó a las tareas de reconstrucción, el 16% a atender la emergencia inmediata, 14% a la reactivación productiva y 3% a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).

Estimaciones iniciales de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) apuntan a que la reconstrucción integral de los territorios significará una inversión aproximada de $ 3.300 millones, cifra equivalente a 3 puntos del producto interno bruto (PIB).

Existen tres fuentes de financiamiento identificadas: la Ley de Solidaridad ($ 1.100 millones hasta mayo de 2017); créditos de contingencia; y, recursos propios del PGE. Tres organismos internacionales colaboraron con $ 333 millones de financiamiento externo. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aportó $ 160 millones, el Banco Mundial (BM) $ 138 millones y la Corporación Andina de Fomento (CAF) sumó $ 35 millones.

A finales de julio, hubo polémica en torno a la movilización de $ 120 millones de la Ley de Solidaridad hacia la Cuenta Única del Tesoro Nacional. En su momento, las autoridades aclararon la situación, explicando que los recursos reemplazaron fondos empleados del PGE para atender la emergencia apenas ocurrida. Herrera se pronunció sobre ese tema y reiteró que ante la tragedia no se podía esperar la aprobación de la Ley Solidaria.  

“Al actuar el decreto de excepción se utilizaron recursos asignados para obras en otras provincias del país”, precisó el Ministro, reiterando que el dinero generado por la norma servirá para compensar el presupuesto fiscal.

Como lo dijo en su momento el  presidente de la República, Rafael Correa, los $ 120 millones fondearon a la banca pública, que usó recursos propios para otorgar créditos productivos a los afectados.

Al 15 de agosto, agregó Herrera, los ingresos generados por la Ley Solidaria sumaron $ 502 millones. Cuando se cuestionó el traslado de dinero a la Cuenta del Tesoro Nacional, voces de oposición trataron de distorsionar lo expresado por Finanzas, respecto a que los recursos se usaron para pagar a proveedores.

El Ministro desglosó los números y mostró que el Estado desembolsó $ 142 millones entre proveedores generados a raíz de la emergencia y otros que surgieron durante la reactivación económica.

La entrega de bonos ayuda a la situación de damnificados

Las acciones no solo se resumen en cifras económicas. Bernal habló también de los resultados positivos obtenidos en estos últimos tres meses y de los planes que se concretarán en el corto plazo.

Antes de finalizar el año, el Gobierno se propone terminar 18 proyectos de reasentamiento que abarcan un total de 7.028 viviendas. Al momento se encuentran en construcción 12 complejos con 4.518 casas en Manabí; 4 proyectos con 2.072 soluciones habitacionales en Esmeraldas y el resto se distribuye entre las provincias de Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas.

“Vamos a salir adelante con los recursos comprometidos y la voluntad política”, enfatizó el Secretario.

La entrega de bonos por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) avanza satisfactoriamente. El programa inició con más de 68.000 familias inscritas en el Registro Único de Damnificados (RUD). Al momento se han repartido 12.942 bonos de acogida, 1.623 bonos de alquiler y 26.076 de alimentación.

A decir del funcionario, esto ha contribuido a reducir el número de personas alojadas en los 25 albergues oficiales. En un principio, alrededor de 10.000 damnificados se ubicaron en estos sitios, ahora son 8.292. El Gobierno construyó más de 120 viviendas, a ellas se sumarán más de 12.000 casas que están en proceso de reparación o que se edifican en el mismo terreno. (I)