El lunes llegó a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica de Incentivos para las Asociaciones Público-Privadas (APP), con el carácter económico urgente. El organismo legislativo tiene 30 días para tratar este proyecto que vinculará al sector privado en la ejecución de obras de interés público y de carácter estratégico, tal como ha anunciado el Gobierno.

A cambio, los inversionistas recibirán los beneficios tributarios contemplados en el Código de la Producción, Comercio e Inversiones (Copci).

En días pasados, la ministra coordinadora de la Producción, Nathalie Cely, señaló a empresarios que esta norma permitirá materializar estos incentivos, entre los que se incluyen exenciones para el pago del Impuesto a la Renta (IR), y del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), por 10 años. Además, la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), pagado en las adquisiciones locales de bienes y servicios. Esto permitirá reducir el impacto tributario en el costo de las obras (ver infografía).

Según explicó Cely, el proyecto contiene además un artículo que permitirá derogar otras leyes que se opongan a la simplificación de trámites. “Queremos reducir al máximo los costos de transacción que por tramitología afecta a las empresas”, señaló.

En general, el documento enviado contiene 8 artículos referentes al objetivo de la ley, reglas generales para su aplicación, sobre la función del comité interinstitucional, los incentivos, estabilidad jurídica, resolución de controversias, neutralidad en el origen de financiamiento productivo, y facilitación de procesos y procedimientos.

Para el titular del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), Henry Kronfle, las APP permitirán al sector privado hacer inversiones en sectores estratégicos, lo que antes no era posible. Opinó que esto muestra confianza del Gobierno en el empresariado.

En cuanto a la ejecución de los proyectos, consideró por ejemplo, que la ley deberá precisar las herramientas para la solución de controversias que puedan presentarse a futuro. Así como mecanismos para apelar, de ser el caso, la calificación como APP de una u otra empresa “y hacer el proceso más transparente”.

Según ha explicado Cely, la estructura que se aplicará para la ejecución de algunas de las obras de infraestructura es la conocida como Construcción-Operación y Transferencia (BOT, por sus siglas en inglés), que ha sido probada en otros países del mundo y que es reconocida por organismos como el Banco Mundial (BM). El portafolio de proyectos suma unos $ 6.000 millones. (I)