Los principales ingresos económicos de Ecuador provienen de las exportaciones de petróleo y de la recaudación tributaria. En este sentido, la propuesta del binomio SUMA-CREO de eliminar 14 impuestos genera dudas sobre cómo se cubrirá ese vacío fiscal.

Esta propuesta se encuentra en el plan de gobierno presentado por el candidato Guillermo Lasso. En el documento dedica 16 páginas para hacer un diagnóstico de la situación económica nacional y plantea blindar la dolarización; darle independencia al Banco Central mediante Decreto Ejecutivo; eliminar impuestos; reducir aranceles y trabas a las importaciones; incentivar al sector exportador con la devolución de aranceles (drawback), entre otras medidas orientadas a dinamizar el comercio, la inversión, el emprendimiento y la generación de empleo.

En lo que se refiere a los impuestos que deben ser eliminados hay un segmento titulado “Ecuador de la reconstrucción y de las oportunidades” donde consta la propuesta para reconstruir las zonas afectadas por el terremoto de 7,8 grados del 16 de abril de 2016.

La eliminación de 14 impuestos está notarizada

La oferta electoral de eliminar impuestos (ver infografía) fue notariada el pasado 3 de enero en la Notaría Trigésima Octava de Guayaquil, por el propio Lasso, quien señaló que en caso de ganar la Presidencia, en el primer mes de gobierno enviará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley en materia económica con carácter de urgente para derogar 14 impuestos. También se comprometió a eliminar las salvaguardias, los cupos de importación y otras restricciones a las importaciones.

Según el presidenciable, con la eliminación de estos impuestos, “cerca de $ 3.000 millones estarán en el bolsillo de los ecuatorianos”, lo que permitirá paliar la recesión, reactivar la economía de la familia ecuatoriana y será la base para generar 1 millón de empleos en 4 años.

“Necesitamos poner dinero en manos de los ciudadanos, de la familia ecuatoriana”, dijo, al señalar que a ello se suma su propuesta de otorgar $ 1.000 millones en créditos al 1% de interés y a 30 años plazo, para los agricultores del país. “Por eso necesitamos voltear los ojos al campo... porque es el sector que más genera para la sociedad ecuatoriana”, señaló.

El impacto de la propuesta será de $ 3.688 millones al PGE

Según estimaciones del Servicio de Rentas Internas (SRI), tomando en cuenta la propuesta de Lasso y de Consenso Ecuador, que reúne a algunas cámaras empresariales, la eliminación de impuestos se traduciría en una pérdida de alrededor de $ 3.688,7 millones, que afectaría directamente al Presupuesto General del Estado (PGE).

Para el exdirector del Servicio de Rentas Internas (SRI), Carlos Marx Carrasco, disminuir esos ingresos trae 3 grandes problemas y riesgos: el probable recorte de la burocracia en el 40%; empeoramiento muy grave de las condiciones de equidad, porque los beneficiarios serían los sectores pudientes, contrario a lo que manda la Constitución de que los impuestos deben ser directos y progresivos. Además, se reducirían, aproximadamente, $ 770 millones los ingresos de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), informó ayer el ministro de Finanzas, Patricio Rivera, al portal de noticias Ecuador Inmediato.

Carrasco añadió que la reducción de impuestos “empeora las condiciones de equidad. Por ejemplo, el Impuesto a los Activos en el Exterior solo tiene la gente pudiente, el resto de ecuatorianos, que es la gran mayoría, no tiene ni activos dentro del país, peor fuera, por ello el beneficio no es para los pobres”.

La falta de recursos tendría como consecuencia efectos negativos en los servicios públicos. El SRI indica que en 2016 se invirtieron $ 2.469 millones; con la reducción de impuestos, ese monto se reduciría en el 150%. Los rubros para educación y para inversión pública disminuirían en 80% y 70%, respectivamente.

Una de las ofertas más difundidas por Lasso es la eliminación del anticipo al impuesto a la renta (IR). Este impuesto es recaudatorio y se aplica a las personas o empresas que generen utilidad mínima de $ 11.290 anuales. Cifras del SRI indican que 500.000 personas de 7,8 millones de ecuatorianos económicamente activos pagarán Impuesto a la Renta este año. El resto de personas no cancelará este impuesto.

David Meza, especialista en derecho empresarial y socio fundador del grupo Tax Bureau explica que este anticipo previene la evasión tributaria. Considera que “se debe hacer una revisión de este pago por sectores. Por ejemplo, si el sector del agro está mal, se debe hacer una reforma para este sector en función de sus condiciones. Hace falta una reforma, mas no proceder a la eliminación del impuesto”.

Otro de los tributos en cuestión es el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD). Este permite que los capitales se queden en el país y así mantener la economía dolarizada. “La eliminación de este impuesto solo beneficiaría a las instituciones financieras o a las que pertenecen al mercado de valores”.

Lasso sostiene que la eliminación de impuestos reactivará la economía del país. No obstante, para hacerlo, también debe garantizar que los dólares se queden en la economía ecuatoriana.

Inversión estatal, añade, es otra de las medidas para reactivar la economía, así como la inversión extranjera. La propuesta de Guillermo Lasso busca eso, sin embargo, en caso de hacerlo, los efectos serán a mediano y largo plazo y no está claro cómo se sostendrá la economía en el corto plazo.

Eliminar impuestos no es nuevo

El catedrático Juan Paz y Miño en su obra la Historia Económica del Ecuador, señala que “el Estado tiene que hacer el gran esfuerzo de recaudar aún más impuestos sobre todo de las rentas, y particularmente de las capas más ricas de la población”. Contrario a lo que propone Lasso. Pero la propuesta de eliminar impuestos ha sido una de las tesis permanentes de la derecha, los empresarios, banqueros y los ricos. El 1 de diciembre de 1998, el entonces Congreso Nacional aprobó la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el Área Tributario Financiera.

Con este cuerpo legal se dio paso a la creación de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), así como la propuesta interpuesta por el entonces diputado Jaime Nebot, en la cual se eliminaba el IR y se establecía el impuesto del 1% a las transacciones bancarias.

Esta normativa permitió, entre otras cosas, que el Estado asuma las pérdidas de la banca privada que se ahondaron con la drástica disminución de las operaciones bancarias para evitar el pago del 1% de las transacciones y por el irresponsable manejo de los principales accionistas de los bancos que desviaron capitales de sus clientes.

En junio de 2014, los banqueros  plantearon la reducción del 10% del IR para otorgar créditos al sector productivo, según consta en un documento remitido por la Asociación de Bancos Privados al ministro Coordinador de la Política Económica y al presidente del Banco Central el 25 de junio, la misma fecha en que llegó a la Asamblea el proyecto de Código Monetario y Financiero.

La propuesta de los banqueros señalaba que “las instituciones que reinviertan utilidades en el país podrán obtener una reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del IR sobre el monto reinvertido siempre y cuando lo destinen al otorgamiento de créditos para el sector productivo, incluidos los pequeños y medianos productores”.

Otro hecho que recoge la historia da cuenta de que cuando Lasso fue superministro de Economía en el gobierno de Jamil Mahuad, defendió el aumento del impuesto del IVA del 10% al 15% como “medida necesaria” para mejorar la recaudación y enfrentar la difícil situación fiscal de finales de los noventa (I).

DATOS

En 2016, el Gobierno Nacional realizó un gasto en salud de $ 2.469 millones. El impacto de la propuesta de CREO - SUMA significaría reducirlo en un 150%, mientras que en Educación el gasto fue de $ 4.742 millones y causaría una reducción del 80%, según el Servicio de Rentas Internas (SRI).

En 2015, la inversión pública fue de $ 5.580 millones. El impacto de las propuestas significaría reducirla en el 70%. El SRI agrega que los Gobiernos Autónomos Descentralizados participan de los ingresos permanentes del Estado, por tanto, la eliminación de impuestos, perjudicaría a la ejecución de obras públicas municipales.