Las cámaras industriales del país mostraron su respaldo a las medidas económicas adoptadas por el gobierno nacional que las vieron como un aporte necesario para reducir la brecha fiscal, dinamizar la economía y generar más empleo.

Mediante un comunicado, la Federación de Cámaras Binacionales del Ecuador (FECABE) señaló que la liberación del precio de la gasolina extra y diésel es una decisión que muchos gobiernos han relegado.

“Es necesario que sinceremos el precio de los combustibles para destinar los ingentes recursos de los subsidios en beneficio de los más necesitados”, se menciona en el comunicado.

La Cámara de Industrias, Producción y Empleo (CIPEM) también mostró su apoyo a eliminación de los subsidios y pidió al gobierno “retirar a las personas que obstaculizan las actividades de los ciudadanos que desean trabajar para el bien de la comunidad”.

La Cámara de Industrias de Guayaquil señaló, por su parte, que las medidas anunciadas por el gobierno van en la dirección correcta para corregir problemas estructurales de la economía ecuatoriana.

“Todo subsidio debe ser focalizado y temporal para que efectivamente ayude a quienes realmente lo necesitan, la libre competencia sumado al precio de mercado de los combustibles, corregirán las distorsiones del pasado y erradicará el contrabando”, indicó en un comunicado.

Asimismo, la Cámara de Comercio de Cuenca dijo que las medidas permitirán construir una base real y sólida para el presente y proteger a las futuras generaciones. “Creemos firmemente  que es tarea del gobierno continuar realizando un ajuste del gasto improductivo”, señala en un comunicado oficial.

De su lado la Cámara de Industrias y Producción (CIP) manifestó su apoyo a las medidas del Gobierno, “en virtud de que las mismas están encaminadas a procurar la estabilidad económica del país y el manejo responsable de las finanzas públicas”.

En el documento hacen evidente su rechazo a los “intentos desestabilizadores al régimen democrático legítimamente constituido” al tiempo de hacer una llamado a los ecuatorianos para respetar el orden constitucional e institucional.

Además instan a las municipalidades y a las "autoridades nacionales" a implementar acciones urgentes dentro del marco de sus competencias con el fin de solventan los problemas de movilidad urbana. (I)