Hace 17 años el presidente Jamil Mahuad se dirigía al país en cadena nacional desde las instalaciones de Teleamazonas. El Mandatario se aprestaba a dar la peor noticia que recuerdan los ecuatorianos.  

Con nerviosismo presentó un pliego de soluciones que sacarían al Ecuador de la más grave crisis económica de su historia. Incrementó el precio de la gasolina y congeló por un año los depósitos de más de $ 500 (2 millones de sucres) en cuentas corrientes  y de más de 5 millones de sucres en cuentas de ahorro. “Hemos dado la impresión de ser un Gobierno sin liderazgo, sin plan y sin iniciativa. Eso no es así, pero reconocemos haber dado esa impresión que hoy empezamos a corregir”, manifestó el exmandatario.

Los sectores sociales se levantaron a nivel nacional por 4 días. El paquete de 10 soluciones, denominado ‘golpe de timón’ en las áreas fiscal, bancaria, social y de reforma, fue enviado al antiguo Congreso como urgente en materia económica, por lo que debía ser aprobado, modificado o negado en un plazo de 30 días. Todo eso durante la emergencia declarada por el presidente el 10 de marzo de 1999.

El sábado pasado, el presidente Rafael Correa dijo que prácticamente ya está cerrada la crisis.

La AGD fue disuelta y los bienes incautados pasaron a Inmobiliar, que los administra. Lo único abierto es el plan de pago de los deudores de buena fe, que se extenderá más allá de 2017.  

A principios de marzo el sucre se devaluaba frente al dólar. Los ecuatorianos preferían endeudarse en dólares. Entre 1994 y 1998 esa preferencia creció del 20% al 50%. Para el 4 de marzo de 1999 el dólar costaba 18.000 sucres.

La Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) en 7 meses de vida ya había intervenido 5 entidades bancarias y se disponía a ‘salvar’ una más: Banco El Occidente, cuyo representante legal era José Nebot Saadi, hermano del entonces diputado socialcristiano, Jaime Nebot y actual alcalde de Guayaquil.

El anuncio del feriado bancario llegó después de una reunión entre la Junta Bancaria, liderada por el exsuperintendente de Bancos, Jorge Egas Peña; la ministra de Economía, Ana Lucía Armijos, y el presidente del BCE,  Luis Jácome.  

Según explica el periodista Hernán Ramos, Jácome envió a Mahuad una carta el 11 de marzo. Allí se le informaba sobre el estado de los bancos en el país y se le comunicó que las dos entidades más grandes (Filanbanco y Progreso) estaban en situación precaria.  

“La coincidencia trágica de ese 11 de marzo es que, en lugar de cortar por lo sano, cerrando el Banco del Progreso (que se mantuvo en manos de Fernando Aspiazu por 3 meses más), Mahuad prefirió pasar a la historia firmando el Decreto No. 685, a través del cual ordenó congelar totalmente los depósitos y créditos en el sistema financiero”, escribe Ramos en su portal.

Después del ‘golpe de timón’ para “luchar contra la hiperinflación y la pobreza”, el exjefe de Estado enfrentó más problemas. El Congreso, presidido por el demócrata cristiano Juan José Pons, no apoyaba las reformas y 4 miembros del BCE renunciaron.

La alianza entre la Democracia Popular y el Partido Social Cristiano (PSC), que surgió antes del triunfo de Mahuad, se resquebrajaba. El gobierno buscó nuevas alianzas con el Frente Radical Alfarista (FRA), la Izquierda Democrática (ID), el MPD, Pachakutik, entre otros.

El 18 de marzo de 1999 esta nueva mayoría dio luz verde para reducir el déficit fiscal. En un acuerdo de 4 puntos se resolvió financiar el presupuesto del Estado con la restitución del Impuesto a la Renta, la eliminación de las exoneraciones al IVA (excepto medicinas, alimentos y servicios básicos), entre otros. El Gobierno debía levantar el Estado de emergencia, reducir el valor de la gasolina y cumplir con las remuneraciones de los maestros.

Nebot, en  minoría junto al PRE, declaró el fin de la “aplanadora” y cuestionó la nueva alianza entre la izquierda y la DP, a la que calificó de “trituradora”. A fines de marzo otra oposición se consolidó desde las cámaras. Los pequeños industriales del  Guayas pedían un cambio estructural: la dolarización. El 22 de ese mes cerró el Banco del Progreso, el más grande del país.

Según el informe de la Comisión Investigadora de la Crisis Económica Financiera —constituida en 2007— existieron 2 razones que desencadenaron la crisis de 1999: el Estado otorgó una garantía ilimitada a los depósitos en las entidades bancarias y hubo la supresión del impuesto a la renta para sustituirlo por un tributo del 1% a las transacciones de capitales.

La primera de ellas, apoyada en la disposición 42 de la Constitución de 1998; y la segunda, una decisión política del  antiguo Congreso Nacional, que acogió la propuesta de Jaime Nebot.     

El origen se remonta a la  Ley de Régimen Monetario aprobada en el gobierno de Rodrigo Borja, que luego se afianzó con la Ley de Instituciones Financieras de 1994, fortaleciendo un modelo neoliberal. (I)   

DATOS

En diciembre de 1998, el Congreso Nacional creó la Ley de Reordenamiento en Materia Económica, cuyo ejecutor fue la AGD. El Estado garantizaba el pago de los saldos de depósitos y otras captaciones vigentes, es decir, se hacía cargo de las deudas de la banca privada.

El 8 de marzo de 1999 se dispuso el “Feriado Bancario” que, inicialmente, iba a durar pocos días; sin embargo, inmediatamente se dio paso al congelamiento de depósitos de millones de ciudadanos, que provocó la peor crisis económica de la historia del país.

Los ahorristas no podían sacar sus dineros durante un año, pero las protestas de los indígenas consiguieron que se aminoraran los plazos para poder retirar el dinero de los bancos. En noviembre de 1999, el Tribunal Constitucional declaró ilegal el congelamiento.