¿Cuándo inició la investigación al Grupo Ortega Trujillo?

Desde que hubo la liquidación de Seguros Bolívar (20 de junio de 2014) empezamos a preocuparnos un poco por la situación financiera del Grupo. Si se revisa la información que reposa en el Servicio de Rentas Internas (SRI), los balances que tiene la propia Superintendencia de Compañías, financieramente no habría ningún problema. Sin embargo, cuando hicimos una inspección mucho más profunda nos dimos cuenta de la falta de pago en el Mercado de Valores, que fue para nosotros una alerta; ya nosotros entramos a hacer la inspección e intervenir las empresas. El Grupo tiene vencidos dos dividendos, uno de Anglo Automotriz Sociedad Anónima y el otro de Inmobiliaria Terrabienes.

En este caso hasta dónde puede llegar la Superintendencia...

Lo que puede hacer la institución es lo que hizo, pedir a un juez constitucional medidas cautelares contra todas las compañías y principales representantes legales que creemos que son parte del Grupo para proteger los activos de las empresas. No pueden firmar cuentas corrientes ni traspasar inmuebles si no tienen la autorización del interventor puesto por la Superintendencia, no pueden salir del país, etc.
El objetivo es precautelar intereses generales, como el de los perjudicados por las viviendas de Terrabienes, que son los que más nos preocupan, a pesar de que la SC no tiene una competencia directa.

Si desde junio el Grupo Ortega Trujillo tenía indicios de que tenía problemas, ¿por qué no fue intervenido en ese momento?

Ellos han venido trabajando, pagando, teniendo liquidez. Las empresas han venido teniendo un movimiento normal, no ha habido ningún vencimiento como el que hubo hace un mes.
Es una empresa que ha construido bastantes proyectos importantes. Tuvo liquidez hasta mediados del año pasado. Era una empresa que entregaba sus proyectos, hay que esperar a ver qué solución se encuentra. La SC puede luego liquidar la empresa, vender los activos que tiene, sin embargo creemos que no es la solución en este momento porque muchos de los activos están hipotecados a los bancos, entonces los primeros que cobrarían serían las entidades financieras. La idea es que los activos sirvan para pagar a todos.

Uno de los vencimientos en el mercado bursátil corresponde a Anglo Automotriz. ¿Qué problemas ha tenido esta compañía?

Anglo tenía una particularidad y nosotros no tenemos competencia. La marca Chevrolet hace tres semanas no le renovó la concesión a la empresa. Anglo es un tema muy aparte, no hay perjudicados que no sean acreedores. Es una compañía que al quitarle la concesión General Motors ya pierde valor. Esta empresa, que tiene activos con qué pagar, deberá entrar en un proceso de concordato.    

Respecto a este proceso de concordato, hay trabajadores de Anglo que señalan que la empresa ya llegó a un acuerdo con la Superintendencia para que los pasivos sean pagados en 15 años. ¿Cuál es la realidad al respecto?

Ellos no nos han presentado ninguna propuesta que no sea el concordato, el cual hay que analizarlo. Además nosotros no definimos el concordato, sino los acreedores. Nosotros, como Superintendencia, lo que hacemos es aceptar el pedido para que se reúnan los acreedores y ellos son los que aceptan el concordato.
El concordato no es una liquidación de empresa, porque si fuese así entonces habría un orden de prelación donde cobran primero los trabajadores, el Seguros Social, el SRI. El concordato es un proceso ordenado de reestructura de la compañía, donde todos los acreedores tienen que paralizar sus demandas. Luego de ello la empresa revisa todas sus cuentas, lo que tiene en activos, para venderlos y con ello cumplir con todas sus obligaciones pendientes.

Por otra parte, ¿qué se hace desde la Superintendencia para controlar a las compañías inmobiliarias? Miles de personas han puesto denuncias en la Defensoría del Pueblo contra 7 empresas por incumplir en la entrega de viviendas, una de ellas es Terrabienes.

Existe una resolución emitida por la Superintendencia de Compañías en la que se solicita a las inmobiliarias tener ciertas normas para poder recibir el dinero. Hay una norma muy clara: si no tiene permisos municipales no puede recibir dinero y esa es competencia exclusiva del Municipio. Si hay un constructor que está recibiendo dinero sin tener permisos municipales eso es estafa.

Hay afectados de Terrabienes que denuncian que desde 2011 les han vendido viviendas de la II Etapa de Ceibos del Río, que a la fecha no tienen permisos de construcción..

Ellos sí tienen permisos de ciertas etapas, aducen que no tienen la autorización para construir en la otra etapa porque el Municipio les está haciendo una revisión por la construcción del puente que unirá a Samborondón con Guayaquil. Las denuncias son graves y la responsabilidad del Municipio porque no debieron permitir que vendan sin permiso. Lo dice claramente el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). Hay que revisar si es verdad que han comercializado las viviendas sin tener los respectivos permisos de construcción.

¿Los terrenos de Terrabienes están bien valorados?

Ellos (Terrabienes) están en conversaciones con personas interesadas en hacerse cargo de los proyectos. Hay gente que nos pidió información de la compañía. Quieren terminarle de construir las viviendas a los afectados o en algún momento devolverles su inversión. Esos terrenos sí tienen un valor, lo que pasa es que también tienen hipotecas. Se necesita hacer una reestructuración.
Lo bueno es que las medidas cautelares que solicitó la Superintendencia los ha obligado de alguna manera a sentarse a solucionar el problema. Lo positivo es que ellos no se han ido. Nosotros no estamos interviniendo en los procesos de negociación porque son privados, lo que estamos es precautelando los activos y revisando la información financiera de cada compañía del Grupo Ortega Trujillo. Se me ha dicho que están en proceso de negociación con algunos grupos empresariales para tomar los proyectos inmobiliarios, es lo mejor que puede suceder.

¿Hay casos similares al de Terrabienes en que la SC ha tenido que intervenir?  

Sí, pero se han solucionado. El tema inmobiliario es bastante delicado, porque si no hay liquidez en el momento la gente se desespera, empieza a reclamar. Normalmente el constructor trabaja mucho con el dinero de la gente, por eso nosotros hemos tratado de proteger, de educar a los ciudadanos, de establecer normas para las empresas. Hemos solucionado algunos conflictos, pero este (Terrabienes) sí es grande, estamos hablando de 1.200 personas.

¿Por qué no se ha solucionado todavía el caso de Unión Constructora?

La compañía no tenía activos para pagar y no se ha podido devolver la plata porque los bienes están a nombre de terceras personas y hay juicios para saber si esos ciudadanos fueron testaferros. Es un proceso largo, donde el que más se perjudica es el comprador.

¿Qué deben hacer los ciudadanos antes de invertir en una vivienda?

Tienen que ir al Municipio a averiguar si esa vivienda que está en determinado proyecto que le están vendiendo tiene permiso, ese es un buen inicio. Siempre hay riesgo en todo negocio, pero cuando ya existe un permiso municipal quiere decir que el constructor ha cumplido con ciertos requisitos formales que son importantes.
Lo principal es ir y averiguar qué proyecto es, cuál es la compañía, entrar a la página de la Superintendencia  www.supercias.gob.ec revisar sus movimientos financieros. Nosotros venimos trabajando en eso desde hace 2 años, ahora el ciudadano puede ver en el portal web quiénes son los representantes legales, cómo está la compañía financieramente. Si no tienen permisos de construcción no hay que comprar o hacerlo por escritura pública, no con un contrato de mandato o simple.

¿Hay un riesgo sistemático en el mercado de valores luego de que el Grupo Ortega incumplió con pagos en el mercado bursátil?

El mercado de valores es un poco incipiente todavía en Ecuador, no hay mucha inversión en acciones en compañías, pero es sano, aquí no hay un riesgo sistemático. Este es un tema puntual de un grupo económico que no va a afectar al sector.  

¿Cuáles son las recomendaciones para quienes quieran invertir en el mercado de valores?  

Si usted invierte en una acción que es una renta variable, está sujeto a pérdidas y ganancias, puede recibir utilidades, como también pérdidas. Es una inversión de riesgo al igual que una emisión de obligaciones.
En el caso del Grupo Ortega tenemos 2 acreedores, la gente que está perjudicada por las viviendas -que es la que más nos preocupa- y las instituciones que han invertido en el mercado de valores. Pero esa es una inversión de riesgo, ellos saben que pueden perder y ganar. En cambio, la gente que ha dado su plata para una casa no ha hecho una inversión de riesgo, ha entregado dinero para obtener una vivienda a cambio.
En eso sí tiene que hacerse todo lo posible para solucionarse. Lo que queremos es que ellos logren un acuerdo con la empresa privada que se haga cargo de esos proyectos. Ese es el mejor escenario.