En los 24 cantones de la provincia del Guayas, a excepción de Guayaquil, el desconocimiento  de las empresas y de los municipios de que debían tener una licencia ambiental y un estudio de impacto aprobado era generalizado. Y “casi nadie lo tenía”.  El  caso llega a extremos cuando luego de casi 2 años de haber asumido la competencia la Prefectura,  apenas el 30% tiene esta documentación en regla.

Así lo revela el director coordinador de Medio Ambiente y Agua de la Prefectura del Guayas, Roberto Urquizo Calderón, quien  recuerda que a partir de la Constitución de 2008 los gobiernos provinciales tienen la potestad de  asumir la competencia.

Es en el caso  del Guayas que se la asumió desde el 18 de agosto de 2010. En ese tiempo acá  existió la obligación de dar a conocer a todas las empresas, como piladoras, molinos, fábricas, municipios, de la obligación de obtener los permisos ambientales.

“Antes la gente decidía instalar una fábrica y lo hacía, el municipio quería construir un canal y lo hacía sin mediar el impacto ambiental que pueda provocar”, anotó.

Explicó que esta realidad se debe a que el Ministerio de Ambiente poco o nada realizó en el control de las licencias  y estudios de impacto ambiental. El tema pasaba por la autoridad del Ministerio del Ambiente y la que tienen los municipios de Guayaquil, Cuenca y Quito.

Urquizo dijo que el Gobierno Provincial pidió al Ministerio de Ambiente la acreditación como autoridad ambiental provincial. Ese es un proceso en el que se demostró al Ministerio que tiene la capacidad técnica, institucional, legal para poder aprobar estudios de impacto ambiental y emitir licencias ambientales dentro de la provincia.

“Cuando ingresamos existía un desconocimiento total del tema ambiental, principalmente fuera de Guayaquil. Nada se había hecho en proyectos urbanísticos de la vía a Samborondón, en Daule, industriales, en otros cantones y las mismas obras públicas que tienen a cargo los municipios”.

Luis Viejó Chabla, jefe de Educación y Promoción Ambiental, dijo que al momento    hay una altísima demanda de los servicios de la Prefectura, como es el  desarrollo de proyectos urbanísticos, proyectos municipales. Ahora el Banco del Estado (BEDE), en el caso de que  quieran un financiamiento de esta institución, les obliga a tener una licencia ambiental para ellos poder recibir créditos, como es el caso de rellenos sanitarios, camales, mercados, sistema de canales, etc.

Agregó que hay personas que se resisten un poco y que inclusive han sido multadas por el desconocimiento de la ley.
Las  multas están en la Ordenanza Provincial que crea y pone en vigencia el Subsistema de Evaluación de Impactos Ambientales. 

Las causas de sanción son: haber construido sin licencia ambiental, ni el estudio de impacto  aprobado; ocasionar contaminación  descubierta en las inspecciones; presentar información incompleta, errónea o falsa.

Ana María Burgos, copropietaria de una piladora en Colimes, dijo que cuando decidió su familia abrir el negocio, se preocuparon más por adquirir el mejor equipo, pagar a los agricultores y a los jornaleros. “El tema ambiental es algo nuevo, pero si hay que obtener los permisos, lo haremos, porque la ley es la ley y no queremos estar al margen o correr el riesgo de multas o clausura”.