La principal deuda del gobierno del presidente de la República Lenín Moreno es una reforma laboral de fondo estructural, que no favorezca a uno u otro sector en exceso,  que sea duradera, se adapte en el tiempo y sea socialmente aceptada por todos.

La caída del empleo formal en el Ecuador se inició en los dos últimos años del gobierno del expresidente de la República Rafael Correa, en diciembre de 2014, último año de bonanza petrolera, cuando el empleo adecuado se ubicó en el 49,3% de la población económicamente activa (PEA).

Para diciembre de 2016 ya había caído 8 puntos porcentuales, ubicándose en el 41,2%. Desde entonces la tasa de empleo adecuado continuó cayendo hasta 2019, que pasó de 41,2% a 38,8%.          

José Hidalgo, director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes), explica que esta cifra es la más baja que tenemos para un mes de diciembre desde que se tiene información comparable, es decir 2007 (ver infografia).

Los datos muestran la difícil situación que atraviesa el mercado laboral ecuatoriano.

Como contrapartida en la disminución de empleo adecuado se ha visto un aumento en la tasa de empleo inadecuado que en diciembre de 2019 fue de 57,7% de la PEA.      

En los tres últimos años la situación no se ha podido revertir sino que ha continuado deteriorándose, pero en un ritmo menor.
Hidalgo considera que en el tema laboral el gobierno de Moreno tiene una deuda grande.

“Se ha venido anunciando una reforma de fondo y no se la ha llevado a cabo”.

Se han tomado medidas parches, pero no ha habido una reforma laboral de fondo que permita llevar adelante un cambio importante en la normativa laboral a fin de eliminar las excesivas rigideces que hay en esa normativa.

Por esa situación y sumado a la  actividad económica que ha estado estancada desde 2015, “no hemos tenido un repunte en las tasas de empleo”, señala.

Por su parte, Gabriela Calderón, analista económica, explica que la creación del empleo siempre va a depender del crecimiento económico. “Si se tiene una economía estancada, no se van a crear nuevos empleos”.

De 2016 a 2019 tenemos años perdidos producto de un modelo de despilfarro, modelo que todavía se mantiene en el actual Gobierno. “Ese es el gran error, caso contrario no estaríamos en esta difícil situación”, precisa.

La especialista asegura que los empleos no se crean vía decreto o través de una ley, sino estimulando el crecimiento de la economía y para ello hay que fomentar el ahorro y la inversión.

“Si nosotros nos hemos pasado 12 años descapitalizando el país, endeudándolo y espantando inversiones, no podemos esperar que vengan las inversiones y aumente la capacidad productiva”, indica.

Sin embargo, Hidalgo destaca el trabajo del gobierno de Moreno al tratar de corregir el tema fiscal con el recorte que se hizo hasta el 2019. “Ese fue un intento de ir poniendo las cuentas públicas en orden. También hubo una mayor apertura en el comercio internacional”.     

Pero el temor a una reacción política contraria o a que la Asamblea Nacional no apruebe la reforma laboral fueron las causas para que el Gobierno no la propusiera, dice.

La deuda no es con los empresarios, sino con las personas que no tienen trabajo o están en el sector informal, que son casi el 50% de los trabajadores en el país.

En el proyecto de reforma laboral se establecía que los cambios deberían afectar a los nuevos contratos a fin de no afectar derechos de los trabajadores.

Sobre la flexibilización laboral, Hidalgo cree que se requiere una estructura, no en el sentido de menoscabar los derechos de los trabajadores, sino de acoplarse a los tiempos. Por ejemplo, antes los padres entraban a una empresa y esperaban hacer carrera en ese lugar, eso ya no pasa con las nuevas generaciones.

Por lo tanto hay que trabajar una normativa laboral que facilite la movilidad del trabajador, que se adapte a los tiempos, que elimine las rigideces del mercado laboral ecuatoriano. Un marco normativo que fomente la inversión y la contratación en el sector formal. (I)

Faltó temas en concretar a favor de trabajadores

El actual Gobierno recibió al país con una rigurosidad normativa muy severa y con condiciones en el aspecto económico que incidieron en las posibilidades de generar empleo.

Así lo indicó Cristóbal Buendía, asesor de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados. Recuerde el Gran Acuerdo de la Productividad y el Empleo, donde se dieron acuerdos que fueron puestos en conocimiento del Presidente de la República, pero no en consideración de la Asamblea Nacional para establecer reformas laborales.

“Las condiciones económicas del país no permitieron que se tomaran decisiones en cuanto al fomento del empleo, muy poco se hizo al respecto”, lamentó.

La falta de decisión política hizo que los esfuerzos de los empleadores y trabajadores con el Ministerio de Trabajo no se puedan concretar: temas como el cambio de la jubilación patronal por un fondo de retiro, mejoras en el desempleo juvenil a través de los contratos ocasionales y los contratos eventuales. (I)