El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, expuso ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional alcances de los créditos otorgados por organismos multilaterales para el Plan de Prosperidad.

Dijo que este apoyo aporta asistencia técnica en transparencia, lucha contra la corrupción, protección social y permite acceder a un financiamiento integral de $ 10.200 millones: $ 6.700 millones de libre disponibilidad y $ 3.500 millones atados a proyectos.

Martínez explicó que los objetivos planteados en este acuerdo se sostienen sobre en cuatro pilares: consolidación fiscal y estabilidad monetaria; igualdad de oportunidades y protección social; empleo y reactivación productiva; y transparencia y manejo eficiente de recursos públicos.

Dentro de las variables principales fiscales, comunicó que se incrementa el presupuesto de protección social a los más vulnerables en $ 400 millones en el 2019 y se establece un piso de este gasto del 1% del PIB para los próximos años.

Añadió que se prevé para el 2020 un incremento de la recaudación tributaria y, por ello, se ha iniciado el trabajo para diseñar una reforma que simplifique el sistema y elimine distorsiones que están favoreciendo a los que más tienen.

En lo que respecta a la masa salarial, manifestó que se ha programado un recorte de $ 1.000 millones hasta el 2021. Precisó que, para el 2019, está previsto un ajuste de $ 500 millones, de los cuales $ 350 millones ya estaban contemplados en el Presupuesto General del Estado de este año, por lo que el esfuerzo adicional será de $150 millones, cifra que es manejable para no alterar servicios de salud, educación y bienestar social.

Agregó que en bienes y servicios está prevista una reducción gradual de $700 millones en tres años, mientras que en gasto de capital se establece un aumento de USD 100 millones en el 2019 y reducciones para los próximos dos años.

Sobre los subsidios a los combustibles, aseguró que en el 2018 ya hubo un esfuerzo de optimización que significaron USD 400 millones de ahorro. Para el 2019 y 2020 no está prevista ninguna otra decisión al respecto y, para el 2021, se tendrá un programa específico de focalización.

Adicionalmente, se propondrá a la Asamblea Nacional cambios en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas para mejorar la formulación de la política fiscal, elaboración de presupuestos, reglas fiscales, contabilidad gubernamental, estadísticas y registro de la deuda pública.

Asimismo, se trabajará en una reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero "para terminar de fortalecer la institucionalidad del Banco Central". También que se buscará un marco legal laboral que reduzca la informalidad, particularmente de mujeres y jóvenes. (I)