“Los jubilados tienen garantizado su pago”, asegura Jorge Wated, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

En una entrevista en radio Democracia, el 10 de julio, Wated explicó que el IESS con su propia liquidez podrá pagar a los jubilados hasta agosto. Sin embargo, desde ese mes se empezará a tomar recursos de las reservas.

“Cuando se consumen las reservas, que muchas de ellas son invertidas, se le quita rentabilidad al Banco del IESS y por ende se le quita rentabilidad al fondo de pensiones. Cuando toca desinvertir, baja la sostenibilidad del fondo”, mencionó Wated.

El funcionario explicó que el IESS ha perdido en estos meses cerca de 270.000 afiliados debido a los despidos a causa de la pandemia. Actualmente existen 3’446.724 de afiliados (ver infografía).

Un estudio actuarial de 2018 realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya anunciaba las dificultades que tendría el Fondo del Seguro de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte en el futuro para su financiamiento: la carga pensional se reduciría de 6,38 activos por cada pensionado en 2020 a 2,11 activos por pensionado en 2058.

Esta situación se empeora por el impacto económico que genera el covid-19: aumento del desempleo y disminución de afiliados.

A esto se suma la deuda que mantiene el Estado por el impago de su aporte del 40% al fondo desde octubre del año anterior, deuda que asciende a $3.815 millones.

De acuerdo con la normativa, el Fondo se financia con el aporte de la persona afiliada, del empleador y la contribución del 40% del Estado.

Según Wated, se está llegando a un acuerdo con el Gobierno para que cumpla con su obligación. Pero aclaró que una cosa es la deuda que va de octubre a la fecha por sus aportes impagos y otra es la deuda por la falta de pago del 40% que se generó en el Gobierno anterior, más la deuda antigua de salud, que data desde la época anterior a la dolarización del país y que ascendería a unos $ 3.000 millones.

Marco Proaño Maya, experto en seguridad social, afirma que desde 2015 hasta parte de 2018 el Estado perjudicó al IESS por $ 8.972 millones por el impago de su contribución. “Fueron cuatro años que el IESS tuvo que afrontar el 100% de su obligación con los jubilados”, explica.

Según Proaño, otra razón para la descapitalización del fondo es porque hay unos nueve millones de beneficiarios del IESS, de los cuales solo aportan tres millones. Muchas obligaciones que observa el IESS como institución son obligaciones del Estado, como la atención de las personas sin remuneración del hogar, el seguro social campesino y el seguro de salud familiar. 

Agrega que de cada 100 personas, solo 30 están cubiertas por el IESS con el seguro general obligatorio, 60 no tienen ninguna afiliación a ningún sistema de seguridad social. Solo el 11% de la población tiene un seguro privado de salud.

Para Proaño Maya es fundamental aumentar el universo de afiliados activos IESS para que puedan ser la base de sustentación económica y financiera a las prestaciones que este debe brindar.

Para que haya la ampliación de la cobertura del IESS hay que establecer un régimen de afiliación diferenciado, dice el especialista, de acuerdo con la naturaleza del trabajo y al ingreso del trabajador. Así las personas podrán aportar sin acogerse al régimen voluntario y garantizar su pensión después. (I)