Verónica Artola cumplió dos años, el 1 de junio, al frente del Banco Central del Ecuador (BCE).

En una entrevista con EL TELÉGRAFO destacó que su administración se ha enfocado en construir una institución más sólida, con mayor confianza nacional e internacional.

Los desafíos en adelante son la lucha por una mayor  independencia de la entidad.

La gerenta evaluó la última visita del Fondo Monetario Internacional (FMI) al Ecuador y explicó las reformas que vienen para el BCE. 

¿Qué indicadores permitieron que el FMI emita una evaluación positiva del país? 
Hubo varios parámetros, especialmente sobre el gasto adicional en el sector social. Se midió también la reducción del déficit fiscal. Lo que le corresponde al BCE, cumplimos con la Resolución 500 de la Junta Monetaria que dice que no se pueden hacer operaciones con la banca pública. Avanzamos también en la nueva Ley del Banco Central. Pero el indicador más importante son las reservas internacionales netas. Al corte de marzo superamos con más de $ 700 millones la meta como estaba establecida con el FMI.

¿Cuándo será la siguiente evaluación y qué resultados se esperan?  
A finales de agosto será y se prolongará 15 días para evaluar los resultados de junio. En cuanto al BCE, por ejemplo, si bien este trimestre teníamos que acumular alrededor de $ 1.000 millones en reservas, ya para el segundo semestre deberán ser de $ 1.500.

Hasta finales de mayo teníamos que presentar al Gabinete Económico un borrador de la ley del Banco Central. Eso también se medirá en la siguiente evaluación. La idea es que hasta finales de año tengamos aprobadas varias reformas.

¿Qué contempla la ley del BCE? 
Tiene dos ejes: fortalecer al  Central como custodio de la dolarización y fortalecer sus balances y las reservas internacionales. Dentro de la ley se establece que ya no se pueda prestar (dinero) al Ministerio de Finanzas ni a ninguna institución pública. Con ello se recuperarán las inversiones que realizamos, que son casi de $ 6.000 millones si contamos las acciones.

El segundo eje es la autonomía y la independencia. El BCE seguirá ejecutando la política monetaria, crediticia y financiera del Estado, pero eso no quita que seamos independientes para que nuestra voz sea escuchada  en el caso de no estar de acuerdo con una política. No es oponerse, pero sí levantar banderas para que se tomen mejores decisiones en los ámbitos económico y político.

¿Cuánto debe Finanzas al BCE? ¿Existe un plan de pago? 
Finanzas debe $ 2.400 millones. Además tenemos

$ 2.200 en acciones en la banca pública. El 90% de ese montoserá pagado hasta 2026 y para el resto, que ya no serían recursos tan grandes, hay un plan de pago hasta 2034.

¿Actualmente hay autonomía? 
En cuanto a las decisiones administrativas dependemos de las leyes de servicio y contratación pública. Eso no es malo, sino que el BCE tiene un giro diferente.

La autonomía se efectuará de manera empírica con un nuevo directorio. La ley propone que todo lo referente a política monetaria, que actualmente hace la Junta de Regulación, pase al Central. Mientras tanto, la Junta seguiría existiendo, pero con temas de mercados de valores, de bancos y compañías.

Las reformas contemplan una auditoría interna y externa en el BCE ¿De qué se trata? 
Actualmente tenemos dos auditorías en el BCE: una bancaria y una gubernamental. Queremos volver a tener una sola auditoría interna que cubra lo gubernamental y lo bancario. En cambio, el FMI también quiere que tengamos una auditoría externa que nos evalúe y una interna más fuerte. Incluso tendremos un comité de auditoría que estaría formado por los miembros del Directorio del BCE.

Economistas señalan que las condiciones de los multilaterales apuntan a la desdolarización ¿Es posible? 
Me parecen irresponsables las declaraciones de ciertos analistas que quieren asustar al decir que se quiere desdolarizar. Por el contrario, como Gobierno fortalecemos la dolarización. El FMI es heterodoxo en ese sentido; viene a fortalecer los sistemas monetarios de los países. Qué mejor para mantener el sistema de dolarización que las medidas que implementamos. En diciembre fue complicado porque necesitábamos más flujos externos de recursos.

Los $ 10.000 millones del acuerdo con los multilaterales no nos van a salvar, pero sí abrió una puerta para que otros organismos nos puedan prestar, para que el riesgo país baje y que haya más confianza en los mercados internacionales. Desde la firma con el FMI, los inversionistas extranjeros  quieren venir al país.

¿Qué falta para que lleguen? 
No sé, aunque tenemos dos leyes (Ley de Reactivación Económica y de Fomento Productivo) que generaron una serie de incentivos. Sé que los tiempos del sector privado son pocos más lentos hasta ver si son efectivos esos incentivos. Sin embargo, necesitamos que vengan esos recursos.

De todas maneras, según los últimos resultados de la balanza de pagos, en 2018 cerramos con inversión de $ 1.400 millones, más del doble que en 2017, pero todavía está por debajo de la meta del Gobierno que era de $ 1.900 millones. (I)