Con el fin de eliminar la especulación, el proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario establece la fijación de precios de los artículos del grupo de consumo de alimentos y bebidas de la canasta familiar básica, que será aplicable durante el estado de excepción y estará vigente hasta finalizar el 2020.

El presidente de la República, Lenín Moreno, en el veto enviado a la Asamblea, indicó que la fijación de precios por parte del Estado podría tener una consecuencia negativa en el mercado, profundizando la crisis causada por el covid-19.

En ese sentido, el Primer Mandatario proponía que la Función Ejecutiva, mediante decreto ejecutivo, definiera la política de precios necesaria para beneficio del consumo popular.

En este punto hubo posiciones y criterios divididos por parte de los miembros de la Comisión. Finalmente los asambleístas se ratificaron en el texto original que establece la fijación de precios.

Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la I Zona, dijo que este mecanismo no considera que hay una variación en el costo de producción.

Si se fija el precio del producto final, el costo de producción sigue moviéndose. “Lo único que se hace es desincentivar a quien está arriesgando y produciendo”.

El veto del presidente Moreno habla de un control de precios. “Si bien no es lo ideal, por lo menos permitía una flexibilidad para fijar precios dependiendo del costo de producción, sin ir más allá de lo permitido, indicó.

El asambleísta Fernando Callejas señaló que la fijación de precios “debería estar regulada por la oferta y la demanda, para no volverse un mecanismo restrictivo a la economía”.

Por su parte, Rodrigo Gallegos, director del Centro de la Industria Láctea, dice no saber con qué criterios se van a fijar los precios, pero está seguro de que va a ser algo “demagógico” porque no va a reflejar el verdadero valor de todos los insumos que están dentro de la cadena.

“Solo pretende ir a la última etapa que es la del consumidor, pero sin entender y sin valorar los otros componente”, señaló.
Gallegos cree que la medida puede provocar el crecimiento del mercado informal, la baja en la calidad de los productos para ajustarse a los precios establecidos y el desabastecimiento del mercado “porque económicamente no es viable la actividad”.

La propuesta es aumentar la oferta y la competencia para que la gente pueda adquirirlos al mejor precio. (I) 

• Los asambleístas analizan 16 observaciones

Informe de Ley de Finanzas Pública no logra aprobación

La Comisión de Régimen Económico continuará en el debate para aprobar el informe no vinculante de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, que contiene 16 observaciones.

Luis Pachala, asambleísta por CREO, mocionó para que se apruebe el informe no vinculante, allanándose a la totalidad de las objeciones del Ejecutivo: obtuvo 6 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones.

Los asambleístas consideraron que se debería analizar y votar por cada objeción del Mandatario, en virtud de que no todos están de acuerdo en el allanamiento total de las objeciones presidenciales.

En consecuencia, el presidente encargado de la Comisión, Franco Romero Laiza, anunció que se efectuará una nueva convocatoria para buscar consensos en torno al mecanismo que permita aprobar dicho informe y ponerlo a consideración del pleno de la Asamblea Nacional para su respectivos trámite y aprobación. (I)