El llamado de atención de la Unión Europea (UE) a Ecuador por problemas de control en la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, motivó la reacción de autoridades y el sector pesquero.

El 30 de octubre, la UE emitió la tarjeta amarilla, una advertencia al país, a fin de que realicen los controles a la pesca, aunque aquello no significó que las exportaciones de este producto al bloque hayan disminuido.

Autoridades de Gobierno,  junto con el gremio de la pesca industrial, comenzaron a elaborar una hoja de ruta a fin de implementar acciones para revertir la emisión de la tarjeta amarilla, sobre todo al atún ecuatoriano.

Este trabajo se efectuará mediante un comité interinstitucional, conformado por autoridades de la Vicepresidencia de la República y los ministerios de la Producción, de Defensa, de Finanzas y de Relaciones Exteriores, y de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos (Dirnea), junto con el sector pesquero.

El ministro de Producción, Iván Ontaneda, explicó que parte de estas acciones establecidas en la hoja de ruta será el impulso a la aprobación de la Ley de Pesca y Acuicultura que se tramita en la Asamblea Nacional.

Según el Ministro, esta norma reemplazará a la vigente desde 1974 y establecerá sanciones que desalienten la pesca ilegal no declarada y no reglamentada.

Además, anunció una inversión de $ 18 millones por parte del Estado ecuatoriano para fortalecer las tareas de monitoreo satelital y otros controles a la pesca ilegal.

“Esto será para garantizar $ 1.600 millones en exportaciones y 200.000 plazas de empleo que genera el sector privado; estamos comprometiendo recursos para garantizar a los compradores que en Ecuador no se realiza pesca ilegal”, sostuvo.

Además, para la próxima semana se prevé la presentación formal del plan estratégico, para que Ecuador salga de la tarjeta amarilla. Luego se harán revisiones periódicas por parte de técnicos de la UE para verificar el cumplimiento de los compromisos de Ecuador.

Juan Manuel Vieites, secretario Nacional de la Asociación de Fabricantes de Conserva de Pescado y Marisco de España (Anfaco-Cecopesca), manifestó que la ley que se encuentra en la Asamblea se acomoda a las exigencias de la UE.

“Recordemos que Ecuador es el primer exportador de conservas de atún y representa 4.000 millones de euros que se importan de Ecuador”, recalcó.

Vieites tiene previsto reunirse hoy con el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, a fin de expresarle su apoyo y asesoría para que el país supere la tarjeta

Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, indicó que estas acciones son una oportunidad para contar con un nuevo marco regulatorio, que es uno de los puntos esenciales que solicita la UE.

“Trabajaremos intensamente para revertir esta advertencia y actuamos desde el primer día, a nivel técnico, a fin de cubrir todos los requerimientos de las entidades europeas”, dijo.

La tarjeta amarilla de la UE motiva además a que se actualice la Ley de Pesca con una nueva que se adapte a las normas internacionales vigentes, para la conservación y ordenamiento de los recursos pesqueros.

El gremio de pesca industrial, añadió, cree que una nueva Ley permitirá a las autoridades públicas mejorar el control de la actividad y evidenciar de manera más eficaz las prácticas de cumplimiento de las normas internacionales.

Ecuador es el segundo productor y exportador de atún del mundo; esta actividad representa más de $ 1.151 millones para la economía nacional.

La pesca en su conjunto representa el 13% del total de las exportaciones no petroleras del país. (I)