La petrolera estadounidense Murphy retiró una solicitud de arbitraje contra Ecuador en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que fue presentada por una ley de 2006 que mejoraba para el Estado el reparto de utilidades extraordinarias obtenidas por la compañía.

La Procuraduría General del Estado ecuatoriano informó hoy en un comunicado de que el Ciadi comunicó ayer, lunes, la decisión de Murphy de retirar la solicitud de arbitraje que presentó en julio pasado.

El procurador ecuatoriano, Diego García, calificó este hecho como "la segunda victoria" legal del país ante las demandas de Murphy, que en abril de 2008 presentó una primera solicitud de arbitraje, la misma que fue desechada por el Ciadi tras declarar que no era competente para llevar adelante el caso.

El proceso surgió por la aplicación en 2006 de la llamada Ley-042, por la cual el Estado obligaba a un reparto equitativo de los ingresos extraordinarios obtenidos por las petroleras, ante el aumento del precio de venta del crudo ecuatoriano en los mercados internacionales.

Tras conocer de la segunda solicitud de arbitraje de Murphy, la Procuraduría de Ecuador, a finales de julio pasado, presentó ante el centro sus objeciones, basadas en el hecho de que el país dejó de ser parte del convenio del Ciadi desde el 7 de enero de 2010.

Por ello, señala el texto de la procuraduría, la disputa presentada por la petrolera estadounidense "estaba manifiestamente fuera de la jurisdicción" de dicho centro.

El procurador García, en el comunicado, se reservó el derecho a no divulgar la estrategia de defensa del Estado, en caso de que la compañía estadounidense inicie un eventual tercer arbitraje.

"La defensa del país agotará todos los mecanismos que se encuentren a su alcance para obtener un nuevo resultado positivo", en caso de que Murphy presente otra solicitud de arbitraje, remarcó la autoridad ecuatoriana.

La compañía estadounidense reclamaba a Ecuador 185 millones de dólares como indemnización por la aplicación de la normativa interna, mientras que el Gobierno de Quito alegaba que la ley se ajustaba a la legislación nacional y no incidía en el capítulo de las inversiones.

Ecuador argumentó la falta de jurisdicción del Ciadi para conocer el reclamo de Murphy y resaltó la legitimidad de la norma interna sobre la participación del Estado en el excedente de ingreso obtenido por las compañías debido a la subida de los precios de venta de crudo no prevista en los contratos.

En noviembre del año pasado, Ecuador concluyó una renegociación de los antiguos contratos de participación en la renta petrolera y convirtió a estos en convenios de prestación de servicios.

Ese proceso concluyó con la retirada del país de la petrolera brasileña Petrobras y otras compañías de menor representación en Ecuador, que no lograron alcanzar acuerdos con el Estado.

El petróleo es el principal producto de exportación del país, que extrae unos 500.000 barriles diarios de crudo y cuya venta financia alrededor del 25 por ciento del presupuesto del Estado. EFE