Entre 2015 y 2019 la compra pública al sector textil ascendió a $ 563,5 millones. El año pasado se adquirieron $ 98 millones. El Ministerio de Educación es el principal comprador.

El Estado adquiere prendas elaboradas, no telas. Según datos del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), el 46% del total de la compra pública textil corresponde a la confección de uniformes. Para este fin se adjudicaron $ 256,5 millones en los últimos cinco años.

A esta le siguen las confecciones de prendas de vestir, con el 6% y uniformes militares con el mismo porcentaje. Para estas adquisiciones se adjudicaron $ 36,2 millones y $ 31,2 millones respectivamente.

Cabe recalcar que el 24% de la compra pública es para la Clasificación Central de Productos (CPC por sus siglas en inglés), que incluye productos varios que cubren bienes y servicios.

El Estado también adquiere prendas de vestir para seguridad industrial, uniformes de seguridad y oficina, lencería hospitalaria, etc. 

Existen varios métodos de adquisición. A través de catálogo electrónico (catálogo dinámico inclusivo) se adjudicaron $ 308,4 millones entre 2015 y 2019, seguido de subasta inversa electrónica con $ 106,6 millones.

También se compró $ 15 millones a través de ferias inclusivas y $ 18,9 millones con licitaciones. Estos cuatro métodos se los hizo bajo régimen común.  

También se realizaron compras a través de régimen especial, como la de tipo publicación especial, adjudicando $ 25,5 millones.

Frente a este tipo de compras, el sector textil tiene varios pedidos. Javier Díaz, presidente de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador (AITE), detalló tres.

Considera que el catálogo dinámico inclusivo debe ser depurado; se debe limitar la contratación bajo régimen especial para que haya mayor participación de las empresas; y finalmente, se debe verificar el valor agregado ecuatoriano en las prendas.

A criterio de Díaz, no todos los proveedores que están en el catálogo son confeccionistas cuando ese es uno de los requisitos. Además, continúa, la compra de uniformes militares se la hace por régimen especial con lo que se beneficia a una sola empresa.

A través de ambas vías, considera Díaz, se excluye a varias firmas confeccionistas que tienen la capacidad de cumplir con el Estado.

Silvana Vallejo, directora general de la Sercop, aclaró, en una entrevista con EL TELÉGRAFO, que la Constitución del Ecuador es la que da preferencia a la producción nacional y obliga a hacer una reserva de mercado a quienes forman parte de la Economía Popular y Solidaria (EPS), artesanos y micro, pequeños y medianos empresarios. Por eso es que solo ellos pueden formar parte del catálogo. Actualmente suman 5.920 miembros.

Del total de la compra pública al sector textil, el 54% se lo hace a través del catálogo dinámico inclusivo.

El que más compró con este sistema en los últimos cinco años fue la Coordinación Zonal de Educación Zona 5 (Bolívar, Santa Elena, Guayas, Los Ríos y Galápagos). La inversión en uniformes escolares fue de $ 48,06 millones, de los cuales $ 40,92 millones lo hizo con el catálogo.

Vallejo aclara que la adjudicación de proveedores con el catálogo es anónima y cambia de forma aleatoria.

La titular del Sercop aseguró que la depuración del catálogo iniciará a finales de marzo y finalizará en unos cinco meses. Se hará una convocatoria pública para que nuevas empresas interesadas puedan adherirse.

Los proveedores que no estén en esta lista pueden participar de cualquier otro tipo de compra pública. 

Sobre las adquisiciones que hacen militares y seguridad nacional a través de régimen especial, Vallejo apunta a que esas entidades tienen su propio sistema de contratación.

“Ellos tienen cierta normativa, códigos especiales, para las prendas por seguridad”, explica. Pero, agrega, lo único autorizado a comprar con régimen especial son prendas de alta seguridad para los militares.

De los $ 17,72 millones que compró la Fuerza Terrestre en textiles entre 2015 y 2019, por ejemplo, $ 16,37 millones lo hizo por contratación interadministrativa y $ 0,05 millones por publicación especial, ambas son de régimen especial. El restante lo adquirió a través de subasta inversa electrónica ($  1,29 millones) y catálogo electrónico ($ 0,01 millones).

 En general, cada institución elige el método de compra, pero por ley deben primero ver los proveedores del catálogo, si no hay lo que necesitan pueden elegir otro proceso.

Vallejo señala que Sercop presta la plataforma para que las entidades contratantes ejecuten sus proyectos de inversión. Por ejemplo, Educación genera órdenes de compra, y la entidad decide cuándo comprar, el monto, la cantidad y a través de qué tipo de contratación. 

“Nosotros vemos que los procesos que realicen las entidades contratantes cumplan con la ley, con el ámbito de transparencia que se exige y que el proceso sea competitivo”, explica Vallejo.

Asegura también que es el contratante el que debe verificar que todos los parámetros de las prendas se cumplan, incluso el valor agregado ecuatoriano. (I)