El Ministerio de Finanzas establecerá reglas macrofiscales con parámetros que delimiten la deuda sin la necesidad de fijar un porcentaje específico. Es decir, desaparece el techo de endeudamiento.

Para esto debe reformarse, al menos, el capítulo cuatro del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip) sobre la deuda pública, su contenido, finalidad, límites y destino.

Hasta ahora, según el artículo 124, el monto total del saldo de la deuda pública no puede pasar del 40% del Producto Interno Bruto (PIB), en caso de requerir financiamiento adicional “para programas o proyectos de inversión pública de interés nacional” se debe contar con la aprobación de la Asamblea Nacional.

La actualización de los boletines de deuda evidenció que la deuda consolidada (mide la relación deuda/PIB) está en el 34% ($ 35.356 millones), legalmente al gobierno aún le queda espacio para contraer deuda.

Pero si se consideran todos los compromisos,  ($ 58.979 millones), el límite ya fue superado. China es el principal acreedor del país. Al 30 de abril, Ecuador le adeuda $ 7.313 millones, lo que equivale al 21,2% de toda la deuda externa.

Para el ministro de Finanzas, Richard Martínez, el tema no se resuelve con elevar el techo, sino que depende de la capacidad de pago del país.

“Lo que no puede pasar es que quitando el techo mañana terminemos con un 200% de la deuda sobre el PIB (...) vamos a tener unas reglas mínimas que permitan garantizar el pago”, explicó, aclarando que así se impedirá generar deuda sin que se tenga sustento de pago.

Dichas reglas están siendo definidas por Finanzas y serán incluidas en un capítulo específico de la ley económica, la cual deberá llegar a la Asamblea Nacional en menos de cuatro días.

Larry Yumibanda, presidente del Colegio de Economistas del Guayas, coincidió en que no se trata de aumentar el porcentaje del techo sino de crear condiciones que garanticen el pago de las obligaciones.

Por ejemplo, explicó, atar el endeudamiento al nivel de crecimiento del gasto público. “En ningún país de Latinoamérica existen techos, lo que existe es conducción responsable al momento de hacer emisiones fijándose en la capacidad de pago”, agregó.

Otro punto es evaluar la sostenibilidad del pago de la deuda, sin poner en riesgo a otros sectores del país, observó Pablo Dávalos, miembro de la Veeduría Ciudadana de la auditoría a la deuda pública entre 2012 y 2017.

“Se puede proponer, por ejemplo, una nueva regla macrofiscal indicando que el servicio de la deuda no debe pasar del 10% del PIB”, sugirió Dávalos.

La reconfiguración de conceptos también incluye la derogatoria del Decreto Ejecutivo 1218, firmado por Rafael Correa en 2016 que retira del cálculo la deuda interna. (I)