El SRI analiza ampliar la lista de 86 países que tienen tarifas impositivas menores al 60%, que aplicaría Ecuador
En 2 años, más de $ 3.000 millones han salido de Ecuador hacia paraísos fiscales
La preocupación sobre el efecto pernicioso de los paraísos fiscales en la economía ecuatoriana no es reciente ni se concentra únicamente en las publicaciones de los Papeles de Panamá.
Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), en 2015 desde Ecuador se transfirieron $ 1.652 millones hacia esas jurisdicciones. En tanto que en 2014 fueron $ 1.727 millones. Es decir, en dos años salieron del país $ 3.379 millones, monto equivalente a cerca del 3% del Producto Interno Bruto (PIB).
Las cifras fueron reveladas por el titular del SRI, Leonardo Orlando, con base del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD). El problema radica en los mecanismos jurídicos empleados para que ese dinero evada, finalmente, las imposiciones tributarias correspondientes.
“Esto no lo hacen pequeños negocios, lo hacen las grandes corporaciones multinacionales, grandes grupos nacionales que tienen toda una estructura jurídica financiera societaria que demanda ingentes gastos”, recordó Orlando.
En marzo de 2015, gracias al reporte de World Ultra Weath Report del banco suizo UBS AG, filtrado por los ‘SwissLeaks’, se pudo conocer que 265 ecuatorianos tenían acumulados $ 30.000 millones. Ese informe ubica al Ecuador en el séptimo puesto de un total de 10 países sudamericanos (ver infografía).
Orlando aclaró que los documentos hacían referencia a información recopilada entre 2006 y 2008. El SRI divulgará, en los próximos días, datos actualizados relacionados a los 125 grupos económicos del país. “Habrá novedades que incluyen la participación de cada grupo económico con el estudio Mossack Fonseca y con otros estudios jurídicos domiciliados en paraísos fiscales”, adelantó.
No se descarta ampliar el listado de 86 naciones consideradas como paraísos fiscales. Sin ahondar en detalles, dijo que se están estudiando los regímenes impositivos de Nueva Zelanda y de los Países Bajos que brindarían ciertas preferencias a determinados holdings empresariales.
En medio de la divulgación de los Papeles de Panamá se detectó que varios consorcios nacionales estarían abusando de los beneficios contemplados en acuerdos suscritos por Ecuador con otros países amparados en los Convenios para Evitar la Doble Imposición (CDI).
Los convenios de esta clase buscan evitar la doble tributación para las nuevas inversiones. Los países se ponen de acuerdo para compartir la recaudación.
¿Cómo se aprovechan de esto?
Lo hacen a través de una triangulación empresarial mediante la contratación de servicios. Aquí intervienen estudios jurídicos como Mossack Fonseca, creando sociedades de papel.
Una sociedad ecuatoriana contrata los servicios de una compañía residente en países donde existe el CDI para no pagar doble tributación. “Se ubicaban empresas instrumentales a través de Mossack Fonseca”, afirmó Orlando.
Aunque a simple vista todo parecería en completo orden, el Director del SRI advirtió que “son los mismos ecuatorianos quienes se esconden en esas estructuras”.
La Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, vigente desde el 29 de abril de 2016, corrige este abuso agregando un tercer inciso al artículo 48 de la Ley de Régimen Tributario Interno, referente a créditos tributarios por impuestos pagados en el exterior.
El SRI deberá “establecer, mediante resolución, montos máximos y otros requisitos formales generales o por tipo de renta, para que apliquen automáticamente los beneficios de los CDI. En caso de superarse los montos o incumplirse los requisitos, la aplicación del beneficio se realizará mediante mecanismos de devolución de impuesto”.
Anteriormente dijo a EL TELÉGRAFO que el monto máximo podría ser a partir de 10 fracciones básicas desgravadas, para no caer en transacciones muy pequeñas. Todo lo anterior motivó al presidente de la República, Rafael Correa, firmar la carta de Oxfam contra los paraísos fiscales, ratificando así su posición de eliminar esas jurisdicciones.
La postura de Ecuador se planteará en la cumbre anticorrupción de octubre a realizarse en Londres (Inglaterra). (I)