En el sector privado 37.861 trabajadores se acogieron al teletrabajo, mientras en el sector público son 238.982 los empleados que laboran desde casa durante la emergencia sanitaria por el coronavirus (covid-19). 

El Ministerio de Trabajo regula la aplicación de esta modalidad a través de un acuerdo ministerial. Las cifras corresponden a lo reportado hasta este viernes 20 de marzo de 2020.

Por provincia, la que mayor concentración de teletrabajadores tiene en el sector privado es Pichincha, con 17.628; le siguen Guayas con 9.997; Manabí 1.251; Azuay 2.245; Santo Domingo de los Tsáchilas 633; Los Ríos 416; Tugurahua 1.229; El Orto 612; Esmeraldas 389; Galápagos 317; Cotopaxi 376; Loja 371; Santa Elena 300; Morona Santiago 267; Chimborazo 323; Imbabura 810; Orellana 212; Sucumbíos 131; Zamora Chinchipe 72; Cañar 79; Carchi 72; Napo 52; Pastaza 56; y Bolívar 23.

En el sector público está distribuido así: Pichincha 56.788; Guayas 35.477; Manabí 21.945; Loja 14.536; El Oro 10.738; Los Ríos 11.148; Chimborazo 10.244; Azuay 10.252; Esmeraldas 9.826; Tungurahua 9.438; Cotopaxi 7.706; Imbabura 6.045; Cañar 4.296; Santo Domingo de los Tsáchilas 5.146; Bolívar 3.655; Pastaza  3.591; Morona Santiago 3.098; Santa Elena 3.476; Napo 3.054; Carchi 2.782; Zamora Chinchipe 2.463; Sucumbíos 1.601; y Galápagos 512.

Muchas de las entidades ya contaban con planes piloto de teletrabajo, por lo que conocían los requerimientos para su implementación.

Según los expertos, se deben tomar en cuenta dos aspectos para que funcione el trabajo en casa. Uno es que los trabajadores tengan acceso a los sistemas de la empresa aplicando redes privadas virtuales con seguridades que eviten que la información de la compañía quede expuesta. La otra consideración es que se definan previamente los lineamientos de trabajo.

El teletrabajo genera ahorros para la empresa que ya no gasta en servicios básicos ni insumos; y los trabajadores que no invierten tiempo ni dinero para transportarse. 

Hasta el jueves 19 de marzo, 50 empresas fueron notificadas por incumplir el Decreto Ejecutivo 1017 con el que se suspende la jornada laboral presencial para evitar la propagación del coronavirus. Papelerías, mecánicas, almacenes de ventas de muebles y electrodomésticos constan entre los infractores. (I)