La proforma del Presupuesto General del Estado (PGE), para lo que resta del año, fue entregada a la Asamblea Nacional el viernes 4 de agosto por la función Ejecutiva, informó el ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre.

Como lo anticipó el presidente Lenín Moreno, la proforma alcanza los $ 36.818 millones (un crecimiento de 2% respecto del presupuesto codificado del año anterior).

El Gobierno aspira a sumar ingresos totales por $ 23.546 millones. Dentro de esto, las entradas permanentes (aquellas que se mantienen y son predecibles) tienen como principal fuente a los impuestos por $ 14.760 millones.

Por el lado de los gastos, la proyección global es de $ 28.341 millones. El gasto en personal (remuneraciones de los servidores públicos) se ubica en $ 9.192 millones.

La diferencia entre ingresos y gastos arroja un déficit presupuestario de $ 4.794 millones, equivalentes a 4,7% del Producto Interno Bruto (PIB).

El pasado 28 de julio, Moreno adelantó que el nivel de déficit proyectado es $ 1.000 millones menor en relación con el año anterior. Se lo conseguirá por la optimización de la inversión pública y medidas de austeridad fiscal.

La meta es que el déficit del sector público no financiero disminuya del 7,6% del PIB (alcanzado en 2016) a menos del 2% hasta 2021.

Al sumar el nivel de déficit ($ 4.794 millones) más las amortizaciones de la deuda pública ($ 7.034 millones) y otros pasivos del Gobierno Central ($ 1.442 millones) significa que el Estado requiere financiamiento por un monto aproximado de $ 13.270 millones.

De esa cantidad, $ 11.670 millones vendrán de financiamiento público. Otros $ 400 millones saldrán de las ventas anticipadas y por convenios con entidades del sector público no financiero.

Para el Plan Anual de Inversiones (PAI) se dispondrá de $ 5.454 millones. Las autoridades han señalado que el ajuste vendrá por el lado del gasto de capital concentrando  los esfuerzos en finalizar las obras en ejecución.

En ese sentido, al Consejo Sectorial de Infraestructura y de Recursos Naturales No Renovables se destinará la mayor cantidad de recursos ($ 1.622 millones), seguido por el Consejo de lo Social ($ 1.324 millones).

No existen ajustes profundos

Dado que el presupuesto regirá para cuatro meses (de septiembre a diciembre) no se aprecian cambios sustanciales. De hecho, el ministro de Finanzas explicó que la proforma fue estructurada sobre la base de un “escenario pasivo”.

Aquello implica que se mantienen las mismas reglas en términos impositivos y mecanismos que ya están definidos normativamente. “No se prevé ninguna modificación sobre el 2017”, ratificó De la Torre.

Será en el presupuesto para 2018  donde se evidencie cualquier ajuste, ya sea en materia tributaria y en el rubro de gastos. El documento deberá ser presentado en octubre y contemplará las resoluciones de las diferentes mesas de diálogo, como el Consejo Consultivo Productivo y Tributario. (I)

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