En agosto de 2017 el Gobierno se propuso un plan de austeridad para mejorar la situación económica y cumplir los compromisos financieros con agentes nacionales e internacionales.

El plan contemplaba la venta de activos estatales, como autos de lujo y uno de los dos aviones presidenciales, por parte del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar).

En la primera etapa se identificaron 333 bienes -entre edificios, terrenos y autos- para ofertarlos. En ese entonces se proyectaban ganancias por $ 107 millones.

En la segunda etapa de venta de 300 bienes se estimaban ganancias por $ 200 millones para el Estado. De estos $ 307 millones previstos, solo han ingresado al Presupuesto General del Estado, $ 78,9 millones.

En un año, entre octubre de 2017 y octubre de 2018, se registraron ingresos por  $ 78’117.691. Además, por la venta de 44 vehículos de alta gama Inmobiliar receptó $ 820.648 en 2018.

Sin embargo, el resto del proceso de venta de bienes públicos ha tenido inconvenientes y los rubros alcanzados hasta el momento son lejanos a los proyectados hace dos años.

El primer obstáculo es porque los recursos generados por la venta de bienes incautados no se contabilizan en el Presupuesto General del Estado (PGE), es decir, no pueden invertirse.

Por ley, los recursos que se generan por las incautaciones van a una “cuenta por pagar” hasta que la justicia emita un dictamen, indicó Inmobiliar a EL TELÉGRAFO. Por ese concepto, entre 2017 y 2019 la entidad vendió 388 bienes que generaron $ 4’755.774.

INFOGRAFÍA

El avión presidencial Legacy 600 tampoco se ha vendido. Inmobiliar informó que “han existido preguntas acerca de los aviones presidenciales. Sin embargo, no se concretaron las ofertas para poder sacarlo a la venta”.

El Gobierno adquirió esa aeronave en diciembre de 2008 a la empresa brasileña Embraer en $ 30,3 millones. En agosto de 2017 el presidente Lenín Moreno dispuso su venta por no considerar necesario tener un segundo avión para sus traslados. Adicionalmente, se registraron denuncias sobre usos excesivos de ambas naves, el Legacy 600 y el Falcon 7X.

Incluso, un examen borrador de la Contraloría, en diciembre de 2018, detectó una serie de irregularidades. Entre ellas la realización de vuelos sin detalle de pasajeros, ni autorizaciones de la secretaría de la Presidencia; viajes a paraísos fiscales; y desplazamientos simultáneos de los dos aviones, así como naves de Tame y de Petroecuador.

Sobre este y otros bienes, Inmobiliar señaló que las ventas no han despegado por la competitividad que existe en el mercado.   Por eso, una de las acciones de la institución pública fue generar varias estrategias de marketing para atraer clientes a las subastas de los bienes.

Según la planificación del Ejecutivo presentada hace dos años, los recursos de la venta de bienes serían destinados a fortalecer el Plan Casa para Todos. (I)