Los delegados de la Cooperativa de Producción y Comercialización La Clementina (Cooproclem), Edison Orellana y José Muñoz, comparecieron ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para solicitar su ayuda frente a las dificultades que enfrentan.

Cooproclem adeuda 9 meses de aportes a la seguridad social a sus empleados y tiene dificultades para pagar el préstamo contraído para adquirir la hacienda. Su problema más inmediato tiene que ver con la demora en el pago del desahucio y vacaciones de 1.853 trabajadores así como la jubilación patronal de 411 colaboradores, que corresponden al anterior propietario, Álvaro Noboa.

Al respecto, José Gálvez, representante del Ministerio de Trabajo, manifestó que los $ 4 millones por liquidaciones no se han podido ejecutar porque el Grupo Noboa interpuso acciones de protección, dos de las cuales las ganó esa cartera de Estado y la otra está en proceso.

Gálvez explicó que  la exigibilidad del pago se estableció en noviembre de 2015. Dado que el Grupo Noboa no cumplió el dictamen, se embargaron algunas de sus cuentas bancarias por un valor de $ 650 mil y, también, se enajenaron 64 bienes inmuebles.

Ahora el caso está en manos del juez Gustavo Sánchez, quien ordenó la suspensión de las medidas cautelares que pesan sobre los bienes del Grupo Noboa.  Por esta razón, el ministro de Trabajo, Leonardo Berrezueta, envió un escrito al Consejo Nacional de la Judicatura donde solicita informar las razones por las cuales el juez tomó esta decisión.

“Una vez que se resuelva el tema legal correspondiente al pago de la deuda a los trabajadores, queda mucho trecho por recorrer”, expresó el ministro Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, Vinicio Alvarado.

Por ello, ratificó el propósito de unir esfuerzos para sacar adelante a La Clementina. Dijo que al momento está recopilando los compromisos adquiridos por el Gobierno para apoyar la gestión de la cooperativa. En base a esa información buscarán mecanismos para lograr inversiones más eficientes.

Por su parte, para poder continuar con la investigación del caso, los asambleístas pidieron a las autoridades pertinentes un informe detallado sobre costos de producción, utilidades, obligaciones laborales y pasivos financieros. (I)