Las principales economías del planeta, agrupadas en el G20, reaccionaron al escándalo de los papeles de Panamá. Exigen una lista negra de paraísos fiscales e identificar, so pena de sanciones, a quienes se esconden en sociedades pantalla.

En un proyecto de declaración al que la agencia AFP tuvo acceso, los ministros de economía de estos países expresan su decisión de tener listo para julio de este año un listado de “jurisdicciones que no cooperen con relación a la transparencia fiscal”. “Medidas defensivas serán consideradas por los miembros del G20 contra jurisdicciones que no cooperen”, se lee en el documento.    

Se trata de la más fuerte reacción hasta el momento a la divulgación de los llamados papeles de Panamá, que muestran un enorme sistema de evasión fiscal a través de empresas de fachada que esconden a sus beneficiarios reales. Las cinco mayores economías europeas -Alemania, Reino Unido, España, Francia e Italia- pidieron formalmente el jueves a los ministros de Finanzas del G20 que adopten esa posición.

La reunión ministerial del G20, que incluye a México, Brasil y Argentina, transcurre en paralelo a la asamblea del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington. El proyecto de resolución menciona claramente que para el bloque “mejorar la transparencia” de las empresas offshore es “vital para proteger la integridad del sistema financiero internacional”. También constituye un elemento fundamental para prevenir el uso de esos mecanismos para “corrupción, evasión fiscal, financiamiento de actividades terroristas y lavado de dinero”.

Antes, el comisario europeo Pierre Moscovici, dijo durante una pausa de la reunión del G20 que “los papeles de Panamá crearon una onda de choque que constituye una circunstancia favorable para avanzar”. Por su parte, el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, espera que “rápidamente todos los países europeos se unan y pronto haremos presión para elevar la propuesta a una escala global”.

El escándalo por los papeles de Panamás, que en realidad son documentos del bufete de abogados Mossack Fonseca, envuelve a numerosos políticos y empresarios de todo el mundo, incluyendo al primer ministro británico, David Cameron y al presidente de Argentina, Mauricio Macri, entre otros.

Los documentos ya provocaron la renuncia del primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlauggsson, quien poseía cuentas secretas y era acreedor de los bancos nacionalizados. El jueves, Panamá salió al cruce del vendaval de presiones, con una nota oficial en que se mostró dispuesto al diálogo con la comunidad internacional y a realizar reformas internas para  combatir el blanqueo de capitales.    

“El camino de Panamá hacia una mayor transparencia internacional es irreversible”, manifestó en un comunicado la cancillería del país centroamericano. “En este sentido, estamos en disposición de apoyar activamente diálogos diplomáticos y reformas domésticas para abordar este reto global”, añadió la nota.

Para las mayores economías europeas (Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y España), “las revelaciones desde Panamá muestran la importancia crítica de luchar contra la evasión fiscal (...) y el lavado de dinero”, según una nota divulgada por esos países que forman el llamado G5.

De su lado, el ministro británico de Finanzas, George Osborne, consideró necesario atacar de frente a “aquellos que esconden su evasión fiscal en los rincones oscuros del sistema financiero”.

Por su parte, al abrir los trabajos en las reuniones anuales en la capital estadounidense, el presidente del Banco Mundial (BM), Jim Yong Kim, afirmó que la evasión fiscal afecta directamente la lucha contra la pobreza. “Cuando se evaden tasas e impuestos, cuando bienes de un estado son tomados y colocados en esos paraísos, esas cosas pueden tener un tremendo impacto negativo en nuestra misión de poner fin a la pobreza e impulsar la prosperidad”.

Los documentos no serán publicados

Por otro lado, Marina Walker, vicedirectora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), reiteró que ese organismo no va a publicar la totalidad de los documentos vinculados a los papales de Panamá.

En entrevista con la cadena Ecuavisa, Walker aseguró que mucha de esa información es “aburrida” y “rutinaria” por lo que “sería una pérdida de tiempo”. “Nuestra misión no es volcar la totalidad de los documentos en internet o de alguna otra manera. Nuestra misión es analizar la información con un punto de vista periodístico, justo, balanceado y publicar las historias que son de interés público”.

La comunicadora añadió que “hay gran cantidad de información en esos papeles que es absolutamente rutinaria, aburrida, que a nadie le importa y que sería una pérdida de tiempo dar a conocer. Al mismo tiempo hay una gran cantidad de información que es privada que también consideramos que sería irresponsable dar a conocer masivamente sin una función periodística”.

La vicedirectora de la ICIJ aseguró que a principios de mayo se dará a conocer la totalidad de los nombres de personas y empresas citados en los papales de Panamá, sin embargo “eso no significa que vamos a publicar los 11 millones de documentos”. “Va a ser una base de datos en donde se va a poder buscar y se va a poder ver las empresas y qué función cumplía cada persona en cada empresa. Información mínima y básica se va a dar a conocer a principios de mayo, no la totalidad de los documentos”.

Walker se solidarizó con los periodistas que serían citados por la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional para que proporcionen la documentación sobre posible evasión tributaria.

Al respecto la comunicadora aclaró que los ecuatorianos no son dueños de ningún documento y que cualquier petición en ese sentido debería realizarse al ICIJ. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) hizo un llamado parecido a los comunicadores ecuatorianos.

Esos pedidos de comparecencia han sido criticados por gremios de periodistas. Pero Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia, negó que haya un afán perseguidor y ofreció que las sesiones sean a puerta cerrada.

Actualmente hay una campaña virtual para que el ICIJ publique los más de 10 millones de documentos que habrían sido filtrados del bufete panameño Mossack Fonseca. En el portal change.org se creó una petición en este sentido.

A la campaña también se ha sumado el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien considera que durante un año se investigó a personas del Gobierno sin resultados. Pero critica que se enfoque solo en el Ejecutivo y se descuide a los sectores de oposición y privados.

Por otra parte, el gobierno ruso aseguró que detrás de la filtración estarían los servicio de inteligencia de Estados Unidos. La cadena RT, incluso, informó que la Usaid, la agencia de cooperación internacional norteamericana, habría donado dinero a la ICIJ. El consorcio desmintió esta versión. (I)

DATOS

La Dirección General Impositiva (DGI) de Uruguay realizó operativos en empresas luego del escándalo de los papeles de Panamá. El director de la DGI, Jorge Sierra, declaró que durante el proceso se incautó información para evaluar y determinar si existen irregularidades o fraude en la instalación de sociedades offshore en Panamá, y de haberlos -añadió-, se procederá a reliquidar los impuestos.

La Fiscalía de Bolivia desplazará a Panamá a dos de sus miembros para indagar si hay compañías o empresarios nacionales involucrados en el escándalo financiero. “En próximos días o semanas, un par de fiscales se va ausentar hasta Panamá para ver toda esta información, solicitar datos, que sin duda son de interés”, afirmó el fiscal general, Ramiro Guerrero.

La policía marroquí dispersó la noche del jueves la concentración de unas 20 personas en Casablanca para manifestarse contra la “ausencia de investigación” tras la divulgación del capítulo marroquí de los papeles de Panamá. Esos activistas intentaban juntarse en la plaza de las Naciones en el centro de Casablanca, capital económica de Marruecos, para reclamar una investigación, pero fueron rodeados por la policía, que confiscó y destruyó sus carteles y pancartas.

El Tribunal Supremo de Justicia de Pakistán (TSJ) rechaza crear una comisión para investigar a los casi 200 nacionales nombrados en los papeles de Panamá al señalar que esa no es su misión, reveló el diario The News Internacional. Aunque fue una negativa cortés, el máximo órgano de justicia alertó al gobierno de Nawaz Sharif, quien fue salpicado por el escándalo tras conocerse que dos de sus hijos tenían cuentas en paraísos fiscales, que no hiciera tal solicitud porque sería denegada.

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Legislador demandará a El Telégrafo  

Andrés Páez y Orlando Pérez debaten en radio

El director de diario EL TELÉGRAFO, Orlando Pérez, y el asambleísta, Andrés Páez, protagonizaron ayer un improvisado debate sobre un depósito de casi un millón de dólares a favor del legislador.

La mañana de ayer Páez era entrevistado en radio Escándalo de Manabí. Consultado sobre el reportaje publicado en estas páginas en relación al depósito bancario, Páez reiteró que fue un error del Lloyds Bank. A partir de allí calificó de terrorista y secuestrador a Pérez.

En ese momento, este llamó a la estación y pidió el derecho a la réplica que fue acogido inmediatamente. Entonces Pérez cuestionó por qué los gremios de periodistas no han protestado por la anunciada demanda de Páez contra EL TELÉGRAFO por $ 10 millones. “Lo único que le pedimos al señor Páez es que muestre las prueba, lo llamamos para que muestre las pruebas, ahora él sale a decir que fue un error, ¿después de dos años alguien se da cuenta? Que le explique a la ciudadanía por qué le aparece un millón de dólares y dos años después se da cuenta”.

Pero el asambleísta contestó que Pérez sembró el terror en el país. “Les pido a los ecuatorianos que miren mis páginas en Facebook. En esos documentos me sustento. A Pérez no le voy a dar explicaciones”. En las redes sociales el asambleísta asegura que el depósito fue un error. Y ayer contó que se enteró del depósito por una llamada del desaparecido Consep y partir de allí acude al Lloyds Bank que certifica la equivocación con sendos documentos a la Contraloría y a la Unidad de Análisis Financiero.

Ante los señalamientos personales, Pérez aclaró que “yo no he sido sentenciado por lo que está diciendo Páez, no he matado a nadie. Por los delitos que cometí fui sentenciado y cumplí, pero yo no he sembrado el terror”.

Páez replicó que la publicación de EL TELÉGRAFO es una operación orquestada por el presidente Rafael Correa. Pérez recordó que cuando eran amigos, en febrero de 2007, el ahora asambleísta le pidió ayuda para ser ministro de Bienestar Social del actual mandatario.

Entonces Páez reclamó al comunicador por supuestamente haber publicado el nombre de su padre, quien dijo no tiene nada que ver con empresas y es jubilado. También criticó que se señale a su hermano.   

Pérez le respondió que periodistas del diario lo llamaron para que ofreciera su versión, pero él rechazó el pedido. Ahora Páez asegura que el martes enviará una réplica y que demostrará las pérdidas de la empresa. Pero el diario público no registró pérdidas el año pasado, aclaró su director. (I)