El marco legal que respalda  la veeduría  formada por la Contraloría General del Estado (CGE) para auditar la deuda pública del país fue  cuestionado.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) dice que transgrede la Ley Orgánica de Participación Ciudadana; pero la CGE basa su decisión en la ley que rige al mismo ente.

Mediante un comunicado, el vicepresidente del CPCCS, Edwin Jarrín, manifestó que dicha veeduría, presentada el lunes, carece de sustento legal.

Explicó que a la CGE no se le atribuye la conformación de veedurías de ninguna naturaleza, por lo que pide al Contralor que deje sin efecto la conformación de este ente.

En un comunicado agregó que formar veedurías ciudadanas es facultad exclusiva del CPCCS conforme lo previsto en el artículo 208 numeral 2 de la Constitución, y que, en ese sentido, la Contraloría no ha solicitado al CPCCS la conformación del mencionado grupo.

A los cuestionamientos se sumó Juan Cristóbal Lloret, asambleísta de Alianza PAIS, quien citó el artículo 76 de la Carta Magna que determina que no se pueden establecer tribunales, comisiones o veedurías especiales. “El tema de fondo es crear una persecución en contra del líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa”.

La veeduría oficializada el lunes es parte del Acuerdo 024 amparado en el artículo 89 de la Ley Orgánica de la CGE y sostiene que “la auditoría gubernamental se ejecutará con equipos multidisciplinarios integrados por profesionales de reconocida idoneidad individual y competencia”.

Ante el cuestionamiento del CPCCS, Eduardo Valencia, uno de los veedores, señaló que está “totalmente en desacuerdo”. Dijo que la veeduría no representa una institución del Estado ni tampoco se pretende vigilar la gestión de la Contraloría. “La Constitución, que es la fuente de toda la institucionalidad del país, dice que las instituciones públicas deben llamar en auxilio a la sociedad civil para que ayude en cualquier cosa”.

Otro de los veedores, Marcelo Merlo, dijo, en una entrevista en Telediario, que la función de la veeduría está acorde a las observaciones del presidente de la República, Lenín Moreno. Criticó el “secretismo” que impide conocer los términos en que se adquirió la deuda. Acotó que el Contralor busca rendir cuentas a la ciudadanía. (I)