La Corte Nacional de Justicia (CNJ), a través de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario, desechó el jueves 29 de mayo el recurso interpuesto por el Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones Sociedad Anónima (Conecel S.A.), en el juicio iniciado por la multinacional en contra del Servicio de Rentas Internas (SRI) por el Impuesto a la Renta (IR) y otros gravámenes, desde 2003 hasta 2006.

Conecel, empresa que maneja la marca comercial Claro, canceló $ 113’564.032,63 el 31 de julio de 2013 al SRI, de los cuales $ 93’072.702,61 fueron en efectivo y el resto a través de un crédito tributario que mantenía con la entidad. Dicho valor correspondía a un pago parcial de varias glosas contenidas en determinaciones tributarias por los referidos ejercicios fiscales del 2003 a 2006, que son materia del presente proceso judicial. Sin embargo, no cubrió totalmente la deuda tributaria que la empresa mantiene con el Estado por esos períodos.

Según Washington Andrade, abogado de los exempleados de Claro, a quienes la operadora todavía adeuda utilidades, y quien ha seguido de cerca el proceso, Conecel debía pagar por tales rubros aproximadamente $ 127 millones hace 7 u 8 años, pero los intereses aumentaron la cuantía. “Fue un pago parcial (los $ 113 millones)”, dijo Andrade, por lo que el hecho se comunicó al presidente Rafael Correa con el objetivo de que se tomaran las medidas necesarias.

En su cuenta de Twitter, ayer, el Mandatario expresó: “ganamos en última instancia juicio a Claro. Tendrá que pagar impuestos eludidos hasta 2006 y 29 millones en utilidades a sus trabajadores”.

Respecto al tema, Ximena Amoroso, directora del SRI, dijo que actualmente el Conecel mantiene una deuda firme de $ 123 millones. “En este caso la Corte se pronunció a favor del Estado, por lo cual estamos a la expectativa de que la empresa (Conecel) proceda a pagar el saldo que adeuda. Es uno de los casos más grandes y estamos atentos al resto de procesos que se encuentran en la Corte Nacional, y en las instancias judiciales, pues se trata de temas que se han trabajado técnicamente en el SRI”, subrayó Amoroso.

Andrade explicó que el pago debe ser inmediato, pues el organismo de control tributario puede iniciar un juicio de coactiva y ejecutar el cobro con activos de la empresa. Según el jurista, el Conecel tendría la opción de presentar una acción extraordinaria de protección, pero lo importante “es que si la presentara no tendría efectos sustantivos sino que el SRI puede ejecutar el cobro”.

Recordó, además, que el Conecel debe estar al día en sus obligaciones, considerando que todavía se analiza la ampliación para la concesión de operaciones.

La Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 2 del Guayas, en 2012 falló a favor del SRI en el litigio por $ 192’859.007, monto que incluye intereses.

El Conecel fue notificado con actas de determinación por el Impuesto a la Renta de los años 2003 y 2004, retenciones del IR de febrero a diciembre de 2004, percepciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) entre junio y diciembre de 2004, 2005 y 2006, entre otros. Este litigio lleva más de 6 años.

Para el abogado de los empleados y exempleados de Claro -1.500 aproximadamente-, quienes deberán recibir un total de $47 millones por concepto de utilidades del mismo periodo, este juicio es una referencia para alcanzar el cobro. Andrade agregó que hace tres semanas se reunieron con el ministro de Relaciones Laborales, Carlos Marx Carrasco, quien indicó que una vez emitida esta sentencia se exigirá que se paguen las utilidades.

Por otra parte, la titular del SRI expresó que los impuestos y las contribuciones que recauda la entidad son para mejoras en la salud, escuelas del milenio, carreteras, etc. Este Diario solicitó información al Conecel, pero hasta el cierre de esta edición la empresa no se pronunció.