El proyecto de Código Orgánico Monetario y Financiero, recientemente aprobado por la Asamblea, creó la Junta de Política de Regulación que será el máximo organismo de control del sistema y que tendrá la capacidad de establecer políticas para incentivar los créditos productivos con mejores tasas y a mayor plazo.

El artículo 14 del documento detalla que, como parte de sus funciones, está el “aprobar la programación monetaria, crediticia, cambiaria y financiera” de forma “alineada con el programa económico del gobierno”, lo que ha generado expectativas entre los sectores que podrían beneficiarse de préstamos con mejores condiciones de pago.

Según los objetivos del proyecto de ley se trata de generar trabajo, riqueza y lograr su distribución y redistribución.

Para Stephenson Macías, presidente de Molerva, una industria local de insumos agropecuarios, la iniciativa es una buena señal debido a la importancia que tiene el financiamiento, tanto público como privado, para el crecimiento y desarrollo de las empresas.

El empresario recordó que la transformación anunciada para el Banco del Fomento, hecha “con un buen criterio”, será como un nuevo comienzo para la banca pública, frente a los problemas históricos que el organismo no logró resolver. Macías recordó que las instituciones del Estado son las principales financistas para su sector y por ello se las debe fortalecer.

Víctor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, visualiza el tema más allá  de lo económico y asegura que el proyecto tiene un importante componente social. “Lo que hará la  ley es dar énfasis a los créditos de acuerdo con los requerimientos del país, no según lo que les sobre a las instituciones”, aseguró. (LEA EL PROYECTO DE CÓDIGO MONETARIO Y FINANCIERO)

El académico explicó que el crédito servirá para impulsar diversos sectores y puso como ejemplo el automotriz, ya que de momento Ecuador es básicamente importador de motores y otros componentes mecánicos.  “Podremos ser más competitivos con la producción nacional, y entonces habrá un beneficio para la pequeña y mediana industria, se incrementará el empleo y mejorarán las condiciones para jóvenes profesionales que salen sin ninguna orientación. A nosotros nos interesa ese lado social”, expresó.

Según la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), cerca del 70% de los créditos otorgados por el sistema financiero privado, de un total de $20.524 millones en el 2013, se dirigieron al segmento productivo. Vale destacar que la ABPE considera crédito produtivo también a los fondos destinados a la vivienda y microempresas.

Richard Martínez, presidente de la Cámara de Industrias y Productividad de Quito, consideró que, en principio, acceder a mayor crédito es un objetivo deseable para el sector productivo en general, pero cree necesario analizar si el Código cumplirá con el objetivo planteado. “La norma establece una orientación del crédito a través de regulaciones, pero esto no implica analizar los riesgos inherentes a las actividades tanto financieras como productivas”, apuntó.

Hace un mes, durante el proceso de socialización del proyecto en Guayaquil, el ministro coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, justificó la Ley bajo el argumento de que “el gobierno requiere tener mayor capacidad regulatoria” para colocar más créditos y a un plazo más largo, pues un préstamo a un año no permite la actividad productiva, en un momento en que el país transita por un cambio de matriz productiva.

Según lo planteado por el gobierno, la Junta de Regulación deberá emitir estos incentivos. Para Mauricio Pozo, exministro de Economía, quien participó ayer en un foro organizado por la Cámara de Comercio Ecuatoriana Norteamericana (Amcham) en Guayaquil, los incentivos podrían ser de orden tributario.

Riesgos para la banca

Marco Antonio Rodríguez, consultor legal de la ABPE, explicó que existe incertidumbre en la banca por el riesgo de que la ley implique una “obligatoriedad” a asignar créditos para sectores que, de otra manera, no hubieran accedido a financiamiento por su alto riesgo.

Dice que operaciones de este tipo generarían un deterioro en la cartera (créditos entregados). Por otro lado, la dificultad de otorgar créditos a plazos mayores -tal como aspira el gobierno- está sujeta a factores como el fondeo del sistema financiero.

Este término se refiere al proceso que cumplen los bancos para captar depósitos y entregar créditos. En función de eso -señaló- la mayor cantidad de fondeo o ingresos que tiene la banca para intermediar son los depósitos a la vista, es decir, aquellos provenientes de cuentas de ahorros o corrientes. “Este dinero no tiene un plazo porque se lo puede retirar en cualquier momento, de modo que esos mismos recursos no se pueden colocar a largo plazo porque se produce un fenómeno llamado descalce”, aseguró Rodríguez.

El titular de la Cámara de Industrias de Quito también consideró que no se está tomando en cuenta el descalce existente con más del 70% de los depósitos con plazos menores a 30 días.

Según Virgilio Hernández, asambleísta por Alianza PAIS, medidas de este tipo ya se usaron en países como Estados Unidos, Alemania y Corea, tampoco son extrañas para países de la región como Colombia, Perú y Chile, un hecho que ocultan quienes se muestran opuestos al proyecto. Existen temas que se deben corregir, según el economista Víctor Hugo Albán, la ley tiene aspectos extremadamente positivos en un 80%.

Pozo sostiene que habrá que esperar cómo sale la ley del Ejecutivo. “Habría el riesgo de que los recursos no se dirijan a sectores seguros. Una cosa es que haya prioridad en generar incentivos y otra que se los fuerce”, comentó.