Cerca de 3.000 productos ecuatorianos se verían beneficiados tras la decisión del Senado estadounidense de aprobar la extensión de las preferencias arancelarias con impacto retroactivo y que tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017.  

Ayer estaba previsto que la Cámara de Representantes también considerara y aprobara definitivamente la renovación del Sistema General de Preferencias (SGP), luego de lo cual sería enviado para la sanción correspondiente del presidente Barack Obama y su consiguiente publicación en el Registro Federal, para que así entre en vigencia esta ley.  

Nathalie Cely, ministra Coordinadora de Producción, Empleo y Competitividad, confirmó que el SGP beneficiaría a productos como mango, piña, pulpa de frutas, flores, entre otros.

Los beneficios que otorgaba a Ecuador el SGP se suspendieron el 31 de julio de 2013. El SGP beneficia a más de 3,8 millones de personas que viven en dos tercios de las economías del mundo. También fortalece la economía de EE.UU. mediante la generación de decenas de miles de puestos de trabajo y proporciona a los fabricantes estadounidenses los insumos que necesitan. Solo en 2012 el SGP ahorró a compañías y consumidores estadounidenses $ 750 millones en tarifas sobre $ 20 mil millones de importaciones.

Henry Kronfle, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, dijo que la decisión estadounidense es positiva para el sector exportador: “se volverán más competitivas nuestras exportaciones, porque no pagarán los aranceles que están en la actualidad”.

Además el representante de las industrias guayaquileñas enfatizó que los productos ecuatorianos tendrán ventajas competitivas importantes frente a los países vecinos: “los países vecinos tienen firmados tratados de libre comercio con Estados Unidos y no forman parte del SGP”. A lo que se suma como ventaja en este mercado frente a los países vecinos el tener una economía dolarizada.

La votación que realizó el Senado forma parte del proyecto de ley estadounidense en el cual se crearía un mecanismo acelerado de ratificación de futuros acuerdos comerciales alcanzados por el Ejecutivo de ese país. Esta propuesta, conocida como ‘fast-track’, implica que el Congreso podrá aprobar o rechazar los acuerdos comerciales negociados por el presidente hasta 2021, pero sin derecho a enmendarlos. (I)