Con el propósito de mantener los niveles de empleo, el Gobierno Nacional definió 5 lineamientos para incentivar al sector privado no solo a proteger las plazas de trabajo existentes, sino a incrementarlas a cambio de recibir mayores beneficios para las empresas. (Ver infografía)

En medio de un panorama económico adverso, Ecuador se mantiene como el país con las tasas de desempleo más bajas de la región con 4,5%. Las cifras más altas se registran en Colombia 8,2% y Uruguay 7,4%.

En el último enlace ciudadano, el pasado 26 de diciembre, el presidente de la República, Rafael Correa, mencionó que “queremos seguir manteniendo esa tasa de desempleo y por eso estamos monitoreando muy de cerca el comportamiento del empleo y dando el estímulo a estas empresas”.

Consultado sobre el tema, Pablo Zambrano, vicepresidente de la Cámara de Industrias y Productividad (CIP), dijo que, tomando en cuenta que 2016 se avizora “como un año complejo y de ralentización económica”, el sector considera que el enfoque y el objetivo de la política pública deben estar orientados a brindar las condiciones adecuadas para garantizar la competitividad del aparato productivo nacional y mantener el empleo.

A su criterio, establecer incentivos para el sector productivo es positivo; sin embargo, recomienda hacer un análisis más profundo para identificar y eliminar aquellos factores que sean contrarios a la potencialización de las empresas.

La primera disposición del Gobierno es conceder el 100% de deducibilidad adicional de remuneraciones y aportaciones al Seguro Social al empleador que incremente trabajadores que se mantengan al menos 6 meses consecutivos.

El incentivo está vigente en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. No obstante, su uso ha sido marginal. En 2014 se registraron apenas $ 7 millones por este concepto, equivalentes a cerca de 5.000 empleos cuando en total se generaron 190.000, según el Ministerio Coordinador de la Producción.

El Ministerio calcula que de haberse utilizado plenamente este incentivo para todo el empleo generado, asumiendo que se mantuvo al menos 6 meses, “el sacrificio fiscal hubiese alcanzado los $ 247 millones”.

Otra de las medidas consiste en  eliminar el anticipo del Impuesto a la Renta (IR) y está dirigida a los sectores que han tenido una drástica disminución en ingresos por causas no previsibles y, no obstante, mantienen e incrementan trabajadores. Eduardo Egas, ministro de Industrias y Productividad, explicó que esto contribuirá a disminuir los costos y aumentar el flujo de caja de las empresas.

De su lado, Zambrano advirtió que en este aspecto habría un vacío legal, dado que tanto la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento no contemplan una figura que se refiera a las afectaciones por razones no previsibles.

En cuanto a la flexibilidad laboral, Egas aclaró que se trata de formas de trabajo especiales “discontinuas” mediante las cuales las empresas podrían contratar trabajadores por un lapso determinado.

Hasta el momento, el Ministerio de Trabajo ha facultado este tipo de contratación a los sectores de la construcción, agropecuario y transporte. (I)