Un posible acuerdo financiero respaldado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) está en ciernes. El Gobierno ecuatoriano se encuentra en conversaciones con el organismo.

La noticia la dio a conocer Gerry Rice, vocero principal del FMI, en un comunicado oficial difundido la tarde del 12 de febrero.

“El posible acuerdo buscará proteger a los pobres y más vulnerables, impulsar la competitividad y la creación de empleo, mejorar la transparencia y la lucha contra la corrupción, así como fortalecer las bases institucionales de la dolarización”, declaró el funcionario.

Ocho agentes del multilateral arribaron a Quito el 11 de febrero. La misión está liderada por Anna Ivanova, representante del FMI para el hemisferio occidental.

La misión mantendrá varias reuniones de trabajo con diferentes autoridades en esta semana. Al finalizar se prevé un pronunciamiento del Gobierno.

Pero el FMI no es el único que analiza opciones de financiamiento y asistencia técnica para el país. También lo hacen el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Organización de las Naciones Unidas (ONU), Banco Mundial (BM) y el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF.

Axel van Trotsenburg, vicepresidente del Banco Mundial, comentó que a la institución le “complace acompañar” a la Presidencia ecuatoriana en la implementación del Plan de Prosperidad, junto a otros organismos.

Por su parte, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia informó que “el potencial financiamiento de estas entidades es de costo bajo y de largo plazo, lo cual permitirá que el país ahorre recursos por el pago de los altos intereses que ha debido asumir en los últimos años”.

Se desconoce la cantidad de recursos que podrían otorgar los multilaterales. Para este año, las necesidades de financiamiento público se calcularon en $8.148 millones, según el Presupuesto General del Estado. Adicionalmente, la deuda pública, al 31 de diciembre de 2018, se ubicó en $ 49.429 millones.

Existen otras obligaciones por $ 10.477 millones y pasivos contingentes por $ 4.964 millones. Sumados los últimos tres rubros las obligaciones del país llegan a $ 64.870 millones.

La presencia de los multilaterales es vista como un “apoyo de la comunidad internacional” a la política económica de Ecuador, reflejada en el Plan de Prosperidad.

Así lo describió Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas y añadió que se identificarán espacios de apoyo financiero integral, a mejores costos y plazos, a fin de ahorrar recursos y viabilizar los proyectos sociales. “Asumimos con responsabilidad el financiamiento externo para no comprometer el futuro”, aseguró Martínez.

De concretarse un financiamiento con el FMI implicará ajustes fiscales agudos, particularmente en el gasto corriente, comentó el economista Luis Espinosa Goded, docente de la universidad San Francisco de Quito.

Reducir el gasto público es obligatorio, incluso si no existiera la intención de apoyarse en cualquier multilateral, agregó Goded y señaló que una de las medidas urgentes debe apuntar a los subsidios a los combustibles.

En ese sentido, el catedrático subrayó que el éxito del programa dependerá de la rigidez de cumplimiento por parte del Estado; de lo contrario, advirtió, la situación económica no mejorará.

A Ecuador no le queda más opción que acudir con el FMI, pues el elevado nivel de riesgo país complica las alternativas de financiamiento, anotó Santiago García, docente de la Universidad Central del Ecuador.

Al 11 de febrero, el indicador que mide la capacidad de pago del país se ubicó en 706 puntos. Es la segunda economía con el riesgo más elevado de la región, la primera es Venezuela con 4.775 puntos.

García difiere con el Ministro de Finanzas en cuanto a que existe receptividad a favor de la política económica del Gobierno; evidencia de aquello fue la última emisión de bonos soberanos en enero al 10,75% de interés.

Señaló que para evitar que un acuerdo con el Fondo Monetario origine un fuerte shock socioeconómico, las negociaciones no deben comprometer los programas sociales y, por otro lado, se requiere compromiso del sector privado para reactivar al aparato productivo. (I)