Desde 2008, Ecuador enfrenta simultáneamente 6 procesos de arbitraje planteados por las petroleras estadounidenses Occidental (Oxy), Chevron, Burlington y Murphy, y la anglofrancesa Perenco.

“Si tenemos en cuenta los procesos que hasta el momento se han desarrollado, con la aclaración de que no son cifras precisas ni exactas, ni responden a decisiones ya tomadas, creo que podemos hablar de cuantías superiores a $ 5.000 millones de reclamos”, aseguró el procurador general del Estado, Diego García, quien agregó que son 6 procesos de arbitraje internacional y uno que está comenzando con Petrobras.

La empresa brasileña abandonó el país en 2010 por la falta de acuerdo sobre un nuevo modelo de operación fijado por el Gobierno, que anunció una indemnización de $ 217 millones. El procurador mencionó que  Petrobras impulsa el proceso por “reclamos contractuales en relación a la liquidación del contrato que tenía acá”.

La cifra ($ 5.000 millones) que tendría que pagar Ecuador si pierde los juicios representa el 14% del presupuesto estatal de este año ($ 34.300 millones).

“Son demandas que, de darse una resolución contra el Estado y que el Estado tenga que finalmente hacer un pago por cuantías de miles de millones de dólares, afectarán gravemente al presupuesto de Ecuador”, dijo García, antes de una visita que inició el martes a EE.UU.          

La mayoría de disputas, que se ventilan en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi, con sede en Washington) y la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, responde a reclamos contra una ley ecuatoriana de 2006 que elevó la participación del Estado en las ganancias que recibían las petroleras.

Sin embargo, los procesos más emblemáticos, el de Oxy y el de Chevron, obedecen a otras razones.

En el primer caso la empresa pretende recibir una indemnización de $ 1.700 millones -de una aspiración inicial de $ 3.300 millones- a raíz de que su contrato fue cancelado en 2006 por venta ilegal de acciones, según autoridades ecuatorianas.

Mientras que Chevron, cuya filial Texaco operó en la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y 1990 antes de ser adquirida por su actual propietaria, acudió al arbitraje internacional por “denegación de justicia”. La petrolera tacha de fraude el juicio en Ecuador por el que fue finalmente condenada en 2013 a pagar $ 9.500 millones por daños ambientales.

“Ecuador nunca antes había tenido que defenderse simultáneamente en este tipo de procesos”, reconoció García, quien cree que el caso ecuatoriano puso sobre el tapete que es necesario reformar el sistema internacional de arbitraje.

En sus procesos, Chevron, Oxy y Perenco se ampararon en los tratados bilaterales para la protección de inversiones (TBI) que suscribió Ecuador con EE.UU. y Francia, y que, a juicio del procurador, están inclinados a favor de las firmas.

“Ecuador no está en contra del sistema de arbitraje internacional en general, pero hace observaciones puntuales que deben ser escuchadas (...). La idea es que el sistema funcione, pero que no funcione con el desbalance, desequilibrio, contradicciones y violaciones a derecho que hoy se están dando”, sostuvo.

García teme que esos casos sienten un mal precedente contra los Estados. “Cada tribunal está resolviendo como si fuera un poder omnímodo, que puede hacer justicia de acuerdo a su criterio, y eso es malo para la seguridad jurídica. Hoy le pasa a Ecuador, pero más tarde, cuando otro país tenga que hacer lo mismo, ¿cómo va a proceder?”. AFP