Las demandas que afronta el Estado ecuatoriano por los arbitrajes suman más de $14.000 millones. Andrés Arauz, subsecretario general de Planificación para el Buen Vivir de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), señaló que los casos más emblemáticos son los de la petrolera Occidental (OXY). Solo en esta acción, por ejemplo, el Ecuador tendría que pagar $2.500 millones que suman el capital y los intereses.

Arauz dijo que en este caso el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi ) “perteneciente al Banco Mundial”, reconoce que el Estado tiene la razón al sancionar a la petrolera y terminar con el contrato; sin embargo, califica a dicha penalidad como muy fuerte, por lo que concluye que Ecuador tendría que pagar a la empresa.

Según Arauz, en el caso  OXY es "en donde se ha visto una groseras contradicciones en los dictámenes de los árbitros", dijo, pues explicó que en este caso sumaban $1.700 millones en capital, más intereses, pero que ahora se habla de $2.500 millones.

Piedad Mancero, miembro de la Comisión de la Auditoría Integral de Tratados de Inversión y del Sistema de Arbitraje (Caitisa), sostuvo que el monto total es $14,475 millones, cifra que representa cerca del 50% del Presupuesto General del Estado (PGE) del presente año, que asciende a $34.300 millones, excluyendo los subsidios, que son de alrededor de $6.000 millones.

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