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Comisión de Justicia de la Asamblea solicitará datos a 9 entes del Estado, funcionarios públicos y periodistas, como parte de las investigaciones de los ‘Panama papers’. CPCCS también recabará información

Director del ICIJ ganó $ 198.380 en 2014

Director del ICIJ ganó $ 198.380 en 2014
Foto: AFP
14 de abril de 2016 - 00:00 - Unidad de Investigación

El Centro para la Integridad Pública (CPI, por sus siglas en inglés) recibió $ 12’579.972 de ‘contribuciones en exceso’ en 2014 por parte de 14 fundaciones, de las cuales 12 están domiciliadas en Estados Unidos (EE.UU). Solo la organización Omidyar Network Fund tiene oficinas en Sudáfrica, Inglaterra, India (aunque también en California y Washington DC) y Adessium Foundation está en los Países Bajos.

El CPI, una de las organizaciones no gubernamentales más antiguas y grandes de EE.UU. -como se autodenomina en su página web-, creó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), el cual el 3 de abril pasado reveló una lista de clientes de Mossack Fonseca, estudio jurídico identificado como uno de los más grandes para el registro internacional de sociedades offshore en paraísos fiscales.

La investigación denominada ‘Panama Papers’ incluiría a 600 personas entre jefes de Estado, políticos y futbolistas de fama mundial, de los cuales 3 ecuatorianos han sido mencionados. Hasta el momento el ICIJ no revela la totalidad de los implicados y no tendría la intención de hacerlo, según su director, Gerard Ryle, quien en 2014 recibió $ 198.380 de remuneración (ver infografía).

Así consta en el reporte anual de impuestos 2014 del CPI en el que señaló al menos a 6 empleados y contratistas independientes con las mayores ‘compensaciones’.

Ese mismo año declaró un total de $ 9’313.650 por concepto de contribuciones y donaciones. No obstante, dentro de su declaración tributaria especificó las instituciones que sobrepasaron el 2% del monto total de apoyo financiero entre 2010 y 2014 ($ 40’027.397).

Entre las fundaciones que más se excedieron está la Omidyar Network Fund con $ 2’449.452; la de Laura and John Arnold Foundation con $ 2’087.096 y Open Society Foundation con $ 1’724.452.

Esta última fue fundada por el multimillonario húngaro-estadounidense George Soros en 1979, quien es descrito como un inversionista y filántropo que creó la fundación “para ayudar a los países a hacer una transición desde el comunismo”.

Otra de las organizaciones que se encuentra en la lista de contribuciones en exceso es Ford Foundation, la cual depositó $ 1’200.000, reportando un remanente de
$ 399.452. Fue creada por Edsel Ford en 1936 y ha sido acusada de tener vínculos con la CIA. Una de sus contribuciones más polémicas habría sido a mediados de los 70 a un proyecto en Chile destinado a formar jóvenes con ideología neoliberal denominados los ‘Chicago Boys’, quienes tuvieron gran influencia en el régimen militar de Augusto Pinochet.

Las contribuciones benéficas -de acuerdo con el portal financialwisdom.com- son parte de una estrategia global de planeación de la sucesión e impuestos. EE.UU. estaría a la cabeza, ya que es el país que mantiene más contribuciones de ese tipo; por ejemplo, en 2005, más de $ 260 billones habrían sido donados a causas benéficas: “Las contribuciones a organizaciones benéficas calificadas pueden ser presentadas como deducciones de su obligación fiscal”.

Igualmente, hace 2 años el medio público inglés BBC alertó sobre “las formas favoritas de los ricos para evadir impuestos”. Una de las que se señala en su reportaje no es la evasión fiscal sino la elusión fiscal, “un mecanismo perfectamente legal, ya que todos tendríamos derecho a pagar menos impuestos, siempre que lo hagamos dentro de la ley”, dice el artículo. La vía legal serían las exenciones y deducciones impositivas que muchos gobiernos ponen en práctica para estimular la economía o la donación a organizaciones caritativas.

Es así que James Henry, experto de la Universidad de Columbia, dijo aquella vez a la BBC: “En Estados Unidos hay un millón de fundaciones privadas que tienen exenciones impositivas. ¿Alguien sabe qué hacen? Ha habido una explosión de ellas y nadie las audita como corresponde”.

La Asamblea Nacional llamará a 9 entidades, funcionarios públicos y periodistas a comparecer

Las entidades de control ecuatorianas iniciaron sus investigaciones a raíz de los denominados ‘Panama Papers’, donde 3 ecuatorianos han sido mencionados.

En esa línea, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional resolvió ayer solicitar información a más de 9 entidades, así como funcionarios públicos, entre ellos el fiscal Galo Chiriboga, uno de los nombrados por la ICIJ en su investigación. Mauro Andino, titular de dicha comisión, señaló que espera que las comparecencias se realicen desde la próxima semana.

Entre las entidades convocadas para que brinden información estarán el Servicio de Rentas Internas (SRI), Unidad de Análisis Financiero del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos, la Superintendencias de Bancos y Compañías, Contraloría, Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera, Registro de la Propiedad, Ministerio del Trabajo y Dirección de Registro de Datos Públicos, entre otras.

Al SRI se solicitará la declaración del Impuesto a la Renta del funcionario público desde su inicio de gestión y si ha cumplido con todas sus obligaciones tributarias. El director de esa entidad, Leonardo Orlando, declaró ayer en una entrevista al portal digital Ecuadorinmediato que investigará $ 9 mil millones de acciones pertenecientes a 125 grupos económicos ecuatorianos que tienen participación extranjera.

En una segunda etapa dentro de la Asamblea se convocará a los periodistas de los diarios El Comercio y El Universo que participaron en la investigación, así como de EL TELÉGRAFO. Andino señaló que los comunicadores no tienen obligación legal de comparecer, pero sí ética.

De la misma forma, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) invitó a los seis periodistas ecuatorianos, cuyos nombres reveló el presidente Rafael Correa el lunes pasado, a través de su cuenta de Twitter; junto a Orlando Pérez, director de diario EL TELÉGRAFO. El objetivo de la invitación sería debatir con los profesionales sobre la necesidad de investigar a quienes “evaden sus obligaciones como ciudadanos”, así como solicitar la entrega de la información a los organismos de control. (I)

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